Las grandes corporaciones tecnológicas pagarán impuestos en aquellos mercados en los que generan beneficios aunque no tengan presencia física. Es la propuesta que ha hecho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que anunció “una propuesta unificada” para reformar las normas y principios fiscales que regulan el mercado internacional desde principios del siglo XX.
De este modo, gigantes tecnológicos como Google, Apple, Amazon o Facebook deberían tributar también en esos países. Os autores de la propuesta señalan que en la era digital la asignación de derechos fiscales “ya no puede circunscribirse en función de la presencia física”.
Admiten que “las normas actuales, que datan de la década de 1920, ya no son suficientes para garantizar una asignación equitativa de los derechos fiscales en un mundo cada vez más globalizado”. La idea que tratar los desafíos que plantea la digitalización de la economía de forma que se garanticen nuevos derechos impositivos en aquellos mercados donde los usuarios acceden a modelos de negocio altamente digitalizados.
En la actualidad, una empresa no residente solo tributa sobre sus beneficios si tiene un establecimiento permanente en una jurisdicción, es decir, alguna forma física en ese territorio.
En cambio, la digitalización distorsiona la aplicación de esta regla porque las compañías cada vez más hacen negocios con clientes de otra jurisdicción sin tener presencia física.
La OCDE destaca que “las empresas pagarán su parte justa allí donde tengan actividades y donde obtengan beneficios. Los países que actualmente no pueden gravar a los gigantes digitales podrán hacerlo”.
Además, siguiendo esta propuesta, los gobiernos y las multinacionales afectadas tendrán acceso a mecanismos legales de prevención y resolución de conflictos “legalmente vinculantes y efectivos”.
Ángel Gurria, secretario general de esta organización, señaló en la presentación de la propuesta en París que “este plan reúne elementos comunes de las propuestas existentes, que involucran a más de 130 países, con aportaciones de gobiernos, empresas y la sociedad civil y nos acerca al objetivo final de garantizar que todas las multinacionales paguen su parte justa”.
También alerta de que, de no alcanzarse un acuerdo a este respecto en 2020, “aumentaría en gran medida el riesgo de que los países actúen unilateralmente. Esto podría tener consecuencias negativas, algo que “no debemos permitir que eso suceda”, remarcó.
El G20 encargó a la OCDE la reforma de la fiscalidad internacional. Ahora, la organización someterá a consulta pública la propuesta a lo largo de noviembre cara a lograr un pacto antes de enero de 2020.