La precariedad y el alto grado de siniestralidad están detrás de la muerte de dos riders en Sevilla y Huelva, como denuncia UGT en un comunicado. Cuando estos empleados tienen un accidente grave, no se trata como un accidente laboral, “lo que les correspondería siendo trabajadores por cuenta ajena”, señala el sindicato.
Así, Pepe Álvarez, líder de esta central sindical, indica que “como trabajadores por cuenta ajena tienen derecho a la aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales y el tratamiento las contingencias profesionales a través de las mutuas de accidentes de trabajo”. A su vez, destaca que “el negocio las plataformas digitales se basa en la explotación de las personas”.
Álvarez responsabiliza de ello a la reforma laboral, que “es el caldo de cultivo” que permite este tipo de trabajadores no regulados y la vulneración de la legalidad laboral vigente puesto que se entiende que los trabajadores de este sector son autónomos cuando en realidad son asalariados.
En ese sentido, UGT recuerda que se pierden 4.000 euros anuales de media de salario en este modelo negocio por cada trabajador y 6.000 euros de cotizaciones a la Seguridad Social. Ésta deja de ingresar alrededor del 93 millones al año, según calcula el sindicato, y anticipa que esta cifra se triplicará en 2020.
Por esta razón, el sindicato hace un llamamiento al nuevo Gobierno y a los grupos parlamentarios para que regulen “adecuadamente” estas plataformas digitales para que consideren a sus empleados como trabajadores por cuenta ajena.
En la misma línea se ha manifestado RUGE, la organización juvenil de UGT, que insiste en que la “no regulación” de los condiciones laborales de los empleados de estas plataformas de reparto obliga a los riders a asumir condiciones “precarias” que atentan contra su salud y su integridad. “Exponen su integridad física para sacar adelante su trabajo”, lo que implica accidentes de trabajo durante la jornada laboral.
La organización recuerda que hay numerosas resoluciones de la autoridad laboral y sentencias que han reconocido que existe una relación laboral. De este modo se acabaría con la desprotección y la precarización en este sector. “Exigimos firmeza y criterio propio al Ejecutivo para que dé valor al trabajo que realizan otros organismos de Administración Pública y haga cumplir a estas empresas la legislación laboral española”, sostiene.
Por ello, espera que el Gobierno, en la próxima reunión con estas plataformas, haga “cumplir las resoluciones y sentencias que hay sobre la mesa y exija la inmediata transformación de esos falsos autónomos en trabajadores por cuenta ajena”.
También, pide que el próximo Ejecutivo, en futuras modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores, recupere “los derechos perdidos en las reformas laborales anteriores y no sirvan para des regular aún más el mercado, ni para legalizar la precariedad y el fraude que se comete en las cotizaciones por estos falsos autónomos”.