La Mesa del Congreso acepta el veto del Gobierno a la Proposición de Ley de Pensiones

La Mesa del Congreso acepta el veto del Gobierno a la Proposición de Ley de Pensiones

PP y Ciudadanos, que suman mayoría, lo apoyaron.
El veto del Gobierno a la proposición de ley hecha por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea fue aprobado ayer por la Mesa del Congreso con los votos de PP y Ciudadanos. La propuesta contempla la revalorización de las pensiones basándose en el IPC y la supresión del factor de sostenibilidad que modificará el cálculo de las pensiones a partir del comienzo de 2019. El veto del Gobierno se basa, por su parte, en que el gasto que supondría sólo en 2018 se eleva a 2.175,26 millones de euros, y haciendo valer el artículo 134.6 de la Constitución que le permite frenar cualquier iniciativa que conlleve una modificación de gastos o ingresos. Esta cifra saldría de revalorizar las pensiones según el IPC en 2018, pero también de la diferencia entre el 0,25% de 2016 y 2017 y la inflación registrada esos años.
Además, el Ejecutivo argumenta que estas medidas podrían llevar al “incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”, además de incrementar el déficit público para el período 2020-2025, si se suprime el factor de sostenibilidad y el actual índice de revalorización de las pensiones. Según el Gobierno, al vetar determinadas iniciativas de la oposición y de parlamentos autonómicos se ha evitado un gasto de cerca de 90.000 millones de euros.

Gobierno “absolutista”
La decisión de la Mesa ha sido criticada duramente ante la Junta de Portavoces del Congreso por varios diputados de la coalición morada. En concreto, Miguel Anxo Fernán-Vello, portavoz de En Marea, ha calificado al Gobierno de “absolutista” que ha dicho que “tiene miedo porque está en minoría y sabe que perdería”. Por su parte, Juan Carlos Girauta, portavoz parlamentario de Ciudadanos, se ha defendido por el respaldo de su formación al PP para aprobar el veto del Ejecutivo, diciendo que ellos no vetan nada, pero que, al reconocer y respetar la prerrogativa constitucional, apoyan la decisión si no es “arbitraria o irracional”, puesto que la iniciativa tenía afectación a los fondos públicos y debe contar con la conformidad del Ejecutivo.

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