La suspensión del Parlamento decidida por Boris Johnson, primer ministro británico, ha sido declarada, por unanimidad, ilegal por el Tribunal Supremo de Reino Unido. Por tanto, los once magistrados declaran nula y sin efectos dicha suspensión.
Argumentan que la pretensión de Johnson era anular la prevalencia de la Cámara de los Comunes en su capacidad legislativa y de control sobre el poder Ejecutivo. A su juicio, la decisión de cerrar el periodo de sesiones en Westminster durante un plazo de cinco semanas frustraba la intención de los diputados de evitar un Brexit abrupto.
Además, el tribunal recrimina al Gobierno conservador que haya sido incapaz de aportar razones convincentes durante tres días de vista pública para justificar su decisión. En consecuencia, John Bercow, presidente de la Cámara, ha convocado los diputados hoy a las 11:30, horas de Reino Unido.
La sentencia de los once magistrados, que han deliberado durante tres días acerca de la legalidad de suspender el Parlamento por parte de Johnson, supone un precedente histórico que definirá la arquitectura constitucional del país y establece límites en la separación de poderes. Reino Unido no cuenta con una Constitución escrita.
“Hace falta mucho para ponerme nervioso estos días. Solo puedo decirles que tengo un enorme respeto al poder judicial y que examinaré con mucho respeto la sentencia”, ha reaccionado el primer ministro, que se encontraba en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU.
“Estoy en profundo desacuerdo con la sentencia. Respeto mucho al poder judicial, pero la orden del cierre de sesiones del Parlamento es una costumbre que se lleva realizando durante siglos”, añadía. “No cabe duda de que mucha gente que quiere frustrar el Brexit”, criticó. Con todo, señaló, “éste es obviamente un veredicto que respetaremos”.
“Seguimos decididos a alcanzar un buen acuerdo sobre el Brexit con la UE, pero tal y como fija actualmente la ley, saldremos el 31 de octubre. No entiendo a un Parlamento que se resiste al cierre de sus sesiones y a la vez rechaza la propuesta de un adelanto electoral. Lo que sí puedo decir es que, con esta actitud, no lo están poniendo fácil para que negociemos con la UE”, explicó.
En opinión de los magistrados del Tribunal Supremo británico, la suspensión durante cinco semanas “era como una hoja en blanco, porque la decisión era nula de origen”, ha señalado Brenda Hale, la presidente del tribunal durante la lectura de la sentencia. Por tanto, es como si la suspensión no hubiera existido.
Las reacciones contra Johnson no se han hecho esperar. Jeremy Corbyn, líder de la oposición, ante los delegados laboristas en el congreso anual del partido laborista en Brighton, lo ha tardado en exigir la dimisión del premier: “Pido a Boris Johnson que reconsidere de inmediato su posición, tras el abuso de poder que ha cometido, y pase a convertirse en el primer ministro del Reino Unido con el mandato más corto en la historia” de Reino Unido.
Tampoco Nicole Sturgeon, ministra principal de Escocia y líder de los nacionalistas del SNP, quien se ha sumado a la reclamación de que Johnson dimita como primer ministro.
“Con su conclusión, el Supremo ha reivindicado el derecho y la obligación del Parlamento de reunirse en un momento tan crucial como el actual para controlar la acción del Ejecutivo y exigir responsabilidades a sus ministros”, ha dicho Bercow en un comunicado aplaudiendo la sentencia.
La estrategia de Johnson para sacar adelante un Brexit sin acuerdo sufre, así, un duro golpe. Sin embargo, se niega a dimitir a pesar de ello e insiste en la necesidad de suspender las sesiones de la cámara de los comunes hasta el 14 octubre. Sostiene que un nuevo Gobierno debe tener la oportunidad de presentar una nueva agenda legislativa de iniciar una nueva legislatura.
El alto tribunal británico se enfrentaba a dos sentencias contradictorias en relación al cierre de las sesiones de Westminster. El Alto Tribunal de Edimburgo había declarado ilegal y nula la decisión del premier, al entender que la verdadera razón de esta decisión era obstaculizar el trabajo de los diputados cara a evitar el Brexit.
Sin embargo, el Alto Tribunal de Inglaterra había desestimado la demanda en contra de la suspensión, considerando que no era de su competencia y que se trataba de un asunto político en el que la Justicia británica no debería intervenir.
El Supremo, a cara descubierta en vista pública, ha dedicado tras largos días a estudiar los argumentos de los demandantes, del Gobierno y de terceras partes, como los de John Major, ex primer ministro conservador, que criticó duramente la decisión del actual premier.
Los jueces preguntaron insistentemente a los abogados acerca las consecuencias que tendría declarar nula la ilegal la suspensión del Parlamento, algo que no sentó nada bien al Ejecutivo de Johnson. Este confiaba, que a la postre, la Corte se inclinaría a su favor.
La actuación del Supremo no queda exenta de polémicas, en un país donde la tradición parlamentaria y política está dirigida por los usos, costumbres y convencionalismos, y donde la soberanía reside en el Parlamento y no en los ciudadanos. Una nación donde el Gobierno tiene un gran poder de decisión.
Reino Unido no cuenta con una Constitución escrita y hasta 2005 la última instancia judicial era la Cámara de los Lores. Es en ese año cuando se crea el Tribunal Supremo para cumplir una función de control parecido al que el Tribunal Supremo estadounidense u otros tribunales de garantías constitucionales europeos, como el español, ejercen. La sentencia de ayer sienta un precedente de gran importancia.
Son muchos los políticos que exigen la dimisión inmediata de Johnson una vez que el Supremo ha fallado en su contra. Sostienen que el primer ministro habría obrado de mala fe y roto la relación de confianza que debe haber entre el poder Ejecutivo y la Jefatura del Estado que ostenta la reina Isabel II.
Los jueces no han entrado a deliberar acerca de la intención real del premier, sino que tan sólo se ha limitado a constatar la legalidad o no del consejo que el Ejecutivo dio a la Reina, que tan solo hace lo que el Gobierno le aconseja. No son pocas las voces que entienden que Johnson ocultó, en ese consejo a la jefa del Estado, sus verdaderas pretensiones, distintas a las expresadas formalmente.