La muerte del capitán de marina retirado Rafael Acosta Arévalo sigue envuelta en una nebulosa que hace necesario que se aclare. Y así lo ha trasladado Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien ha manifestado su profunda preocupación por el suceso, el que se sospecha que medió tortura.
De ahí que sea imperativo que las autoridades de Venezuela ejecuten una investigación rápida, exhaustiva, independiente, imparcial, eficaz y transparente de la muerte de Acosta. Además, recordó que los gobiernos son responsables de la vida y de la integridad física y psicológica de todas aquellas personas que estén privadas de libertad, además de reclamar que se lleve ante la justicia a los responsables.
“Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo, y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte”, dijo Bachelet ante la 41ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. “Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida, y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad. Urjo a las autoridades a llevar a cabo una profunda investigación, -que incluya una autopsia que siga los estándares internacionales- que sea independiente y transparente. Esto es esencial para arrojar luz, no sólo sobre lo que ocurrió con él, sino también para facilitar que se lleve ante la justicia a los responsables de su muerte”, añadió.
La Alta Comisionada celebró que la Oficina del Fiscal General actuó con rapidez y abrió una investigación sobre la muerte de Acosta, procesando por asesinato en primer grado a dos miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, aunque se ha lamentado de que las alegaciones de tortura no fueron incluidas en los cargos.
“También llamó a las autoridades venezolanas –continuó Bachelet- para que permitan a los otros seis militares y ex oficiales de seguridad detenidos junto al capitán Acosta Arévalo recibir visitas de sus abogados y familiares, que se aseguren que sean tratados con humanidad y dignidad, y que eviten que sufran torturas y otras formas de maltrato”. “Se deben adoptar urgentemente medidas para prevenir la reincidencia de la tortura y otros malos tratos de personas bajo custodia del Estado”, recordó.
El capitán retirado fue detenido el 21 de junio por hombres armados sin identificar. Estuvo en paradero desconocido durante una semana. Puesto que la familia y los abogados no fueron informados de su paradero, aunque sí lo solicitaron, el caso podría constituir una desaparición forzada, lo que viola la ley internacional.
Acosta fue llevado ante un tribunal militar el 28 de junio por miembros de la DGCIM junto a otros cuatro militares y dos ex funcionarios de seguridad acusados de conspirar para asesinar a Nicolás Maduro, presidente de facto de Venezuela. Compareció ante el juez, según su abogado, en silla de ruedas e incapaz de hablar, además de mostrar claros signos de tortura.
El juez lo envió a un hospital militar, donde falleció en la madrugada del 29 de junio. Ni los familiares ni en su abogado han podido acceder a sus restos mortales, a pesar de haberlo requerido en numerosas ocasiones.