Hace ahora un año, el Colegio de Registradores entregó al Ejecutivo de Pedro Sánchez el listado de bienes que la Iglesia ha puesto a su nombre durante las dos últimas décadas. Según los datos con los que cuenta el Colegio de Registradores, el número de propiedades que la Iglesia hace constar como suyas, asciende a 30.000. El listado se realizó a partir de la aprobación de una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, y a día de hoy, sigue oculto. Desde el Ejecutivo se ha trasladado que el listado de bienes inmatriculados a favor de la Iglesia se está aún realizando, lo que lleva a la corrección de posibles errores, además se manifiesta que se está finalizando un informe jurídico en el que estarían recogidas las “posibles actuaciones” que se deban llevar a cabo.
En el listado aparecen bienes de todo tipo. Desde lugares de culto, como iglesias, catedrales, ermitas, hasta casas parroquiales, plazas, fuentes o parcelas. Este listado no se ha hecho público por parte de ningún Gobierno, a pesar de que varias asociaciones, a las que lidera la Coordinadora Recuperando, llevan reclamando hace años en su lucha por el patrimonio público.
En caso de publicarse la titularidad de esos bienes, se podría comenzar con el proceso de impugnación, anunciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, si se comprobaste que se inscribieron “bienes de dominio público” por parte de la Iglesia Católica. Todo ello también daría lugar a que los afectados, tanto Ayuntamientos como particulares, podrían recurrir la titularidad. Tras ello, vendría una batalla legal que tomaría forma en los tribunales.
La proposición no de ley presentada por el Psoe fue aprobada en abril de 2017, con la negativa de PP y C’s. Una vez el Gobierno envíe el listado al Congreso de los Diputados se dará cumplimiento a la propuesta socialista. En el texto se pedía al Gobierno de Mariano Rajoy que se contabilizaran los bienes inmatriculados desde 1998, que fue cuando el Ejecutivo de Aznar reformó la Ley Hipotecaria, facilitando este tipo de actuaciones.
En la proposición no de ley se recogía un plazo de cumplimiento de seis meses, plazo que no se ha cumplido. Debido a las diversas iniciativas parlamentarias en las que se exigía el cumplimiento de la proposición, por lo que, el Colegio envió un listado preliminar pero en el que faltaban datos. En enero de 2018 el Ministerio de Justicia decidió mandar “requerimiento urgente a cada uno de los registros de la propiedad que no hayan informado sobre las inmatriculaciones”, además de dar un plazo de 3 días para recibir respuesta y “bajo apercibimiento de poder incurrir en responsabilidad disciplinaria”, según ha informado El País.
Todas las irregularidades al inscribir los bienes por parte de la Iglesia fueron amparados por la Ley Hipotecaria de 1946, una ley de la época de Franco, la cual facilitó a la Iglesia la inscripción de cualquier bien, exceptuando los espacios dedicados al culto, sin necesidad de presentar documentación, siendo únicamente necesaria la firma de un obispo. Una vez esa ley dejó de estar en vigor, estas prácticas volvieron a sucediese a partir de 1998 bajo el amparo del Gobierno de Aznar que legalizó esas actuaciones en su Ley Hipotecaria. La Iglesia mantuvo ese privilegio hasta el año 2015. Durante todo el periodo anterior, en el que se realizaron las inmatriculaciones de modo desmedido por parte de la Iglesia, fue cuando por 30 euros la Iglesia se apropió de la Mezquita de Córdoba, donde la diócesis cordobesa cobra 10 euros por entrada. Por ello, la Coordinadora Recuperando solicita que en el listado se incluyan todas las inscripciones de 1946.
En 2018 finalizó el trabajo de un grupo de expertos, del que formaba parte Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en funciones, y en el cual se llegó a la conclusión de que la mezquita-catedral de Córdoba fue de titularidad pública hasta hace 13 años y que fue la reforma de la ley franquista la que permitió que la Iglesia se apropiara de la mezquita de Córdoba. Ese comité de expertos solicitó al Gobierno la impugnación en bloque todas las inmatriculaciones registradas entre los años 1998 y 2015, cuando los obispos inscribieron como propios bienes públicos.
«La Conferencia Episcopal no hace valoraciones sobre la posibilidad de que se publiquen los datos del registro (datos de los que la propia Conferencia Episcopal no dispone)», manifestó Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española. «Siempre que dicha publicación se haga conforme a la legislación vigente y siempre que opere el principio de no discriminación», señaló.
Por su parte, el Congreso de los Diputados solicitó al Ejecutivo la reclamación de la titularidad del dominio “si dicha inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material y previo”, es decir, sin ningún documento que demuestre la propiedad. Al igual que si se diera el caso de que el bien no fuese “susceptible de propiedad privada por ser de dominio público”. Por su parte, la Iglesia reconoce como propiedad suya, entre unos 3.000 bienes de interés cultural, las catedrales de Sevilla, Toledo y Burgos, que además están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. “Es una maraña en la que el Gobierno no quiere meterse y menos antes de la exhumación de Franco”, traslada Juan José Picó, portavoz de la coordinadora.
La Iglesia recibió a toda prisa 30.000 bienes en dos décadas.
