Un alto cargo de Oriol Junqueras se reunió con ellos para darles instrucciones.
Según uno de los últimos informes que la Guardia Civil ha entregado al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Unipost destruyó pruebas relacionadas con el referéndum ilegal del 1 de octubre. Francesc Sutrias, director de Patrimonio de la Generalitat, alto cargo de Oriol Junqueras, se reunió con la familia Raventós, dueños de Unipost, para darles instrucciones para destruir las pruebas y las respuestas que debían dar, tanto ellos como sus trabajadores, a los miembros del Instituto Armado.
Los investigadores encontraron un esquema que respondería a una reunión mantenida por Sutrias con la familia Raventós. Esta documentación se encontró el 20 de septiembre en la casa del director de Patrimonio. Un día antes, la Guardia Civil había registrado las naves de Unipost en Terrassa y Manresa, incautándose de alrededor de 45.000 sobres que ya estaban preparados para enviar a las personas que formarían parte de las mesas electorales del 1-O.
El esquema hacía evidente que Sutrias se había reunido con Pablo Raventós, director general de la empresa de mensajería, y con Xavier Vendrell, empresario y ex diputado de ERC. El objetivo de desencuentro era valorar la actuación si se producía un requerimiento de las autoridades. En una de las dos columnas que formaban el esquema aparece escrito en mayúsculas “urgente borrar cámara. Últimos 10 días”.
También se decía como debía responderse ante un hipotético interrogatorio de la Guardia Civil. En la primera columna aparece el apellido Raventós, planteándose las opciones de declarar o de no hacerlo. También, entre las respuestas, diría, incluso, que estaba en situación concursal y que “trabajo es trabajo y tengo contacto con Generalidat de Cataluña y pedidos que me hacen (cuantos más mejor)”.
Otra de las anotaciones del esquema es que en el a de los “encargos” aparecía “5 departamentos, 5 SG, 1 desobediencia, 1 prevaricación, 1 malversación en grado de tentativa” y en el apartado b, “pueden pedir correos”. La Guardia Civil deduce de esa anotación que el director de Patrimonio era “perfectamente consciente de que se descubriría que había cinco departamentos de la Generalitat involucrados, con sus cinco secretarías generales y valoraba que podrían imputarse por estos hechos los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación en grado de tentativa”.
Tal es así, que las facturas de Unipost, que suman en total casi un millón de euros, son una de las pruebas en el juicio del procés que se sigue en el Tribunal Supremo. A eso hay que añadir que el Instituto Armado, en otro informe, dice que una de esas cinco facturas se intentó cobrar en dos ocasiones aunque no se logró.