La Generalitat malversó casi 20 millones de euros para crear una agencia tributaria de una república independiente

La Generalitat malversó casi 20 millones de euros para crear una agencia tributaria de una república independiente

Tenía previstos otros 500 millones para el despliegue completo.
Según se refleja en uno de los últimos informes de la Guardia Civil, la Generalitat de Cataluña habría destinado 17 millones de euros en el despliegue de la Administración Tributaria en una futura república catalana. También, se había hecho el cálculo de la necesidad de otros 500 millones para el despliegue completo y la estrategia de gestión de las pensiones y prestaciones sociales.

Estos datos aparecerían en la documentación incautada a Josep Lluís Salvadó, ex secretario de Hacienda y uno de los hombres de Oriol Junqueras. 200.000 euros habrían sido destinados al desarrollo del Código Tributario, 7,8 millones al despliegue de la Junta de Tributos, el Consejo Fiscal y el Instituto de Investigación Fiscal, 4,5 millones para el despliegue territorial de la Administración Tributaria y 4,92 millones para implementar el sistema e-Spriu, en al menos las seis fases iniciales.

Según la Guardia Civil, “se infiere que se han invertido alrededor de 17 millones de euros en el despliegue de la Administración Tributaria como paso intermedio para alcanzar la plena soberanía fiscal del futuro Estado catalán”. La documentación incautada también establecía medidas de coordinación, seguimiento y supervisión de las actividades, así como las destinadas a crear el Estado catalán, todas ellas relacionados con el ámbito tributario.

Los investigadores reconocen que algunas de éstas se integran en la vía autonómica, pero representan un “paso intermedio” para ir avanzando otras dirigidas finalmente a “crear el Estado catalán y garantizar la viabilidad económica”. Así, tal y como se refleja en la documentación, se cuantifican los recursos económicos, materiales y humanos que se iban a necesitar así como su regulación.

Todas las medidas tienen que ver con el desarrollo de la estructura jurídica del Código Tributario de Cataluña, así como la estructura organizativa de una agencia tributaria, el sistema de gestión e-Spriu, bases de datos fiscales, convenios tributarios internacionales, desarrollo de competencias tributarias y recaudación de contribuciones cuyo fin era financiar la protección social.

Dicho marco jurídico lo establecería la ley 17/2017 de 1 de agosto, del código tributario, con cuatro leyes. Esto se puede ver en la agenda Moleskine que fue incautada a Josep Maria Jové, otro de los hombres de confianza del ex vicepresidente catalán. Así, dos de esas leyes agotarían la vía autonómica y las otras dos quedarían fuera de ella, en el marco de las leyes de desconexión. Aprobar dichas leyes era claramente inconstitucional, como así reconocido Carlos Viver, considerado uno de los artífices de la arquitectura jurídica de la futura República.

No obstante, la ley 17/2017 de 1 de agosto se limitó al marco autonómico ya que no preveía la regulación de las aduanas del futuro Estado, ni tampoco la agencia de Propiedad Inmobiliaria, ni la Oficina Catalana de Fiscalidad Internacional. Se sabía que estos organismos podían ser inconstitucionales, a pesar de lo cual la Generalitat trabajó en el desarrollo de ellos, señala la Guardia Civil.

Para los investigadores es “evidente” que los responsables de la Generalitat planificaban las actividades necesarias para una desconexión, calculando que el despliegue de la Administración Tributaria necesitaría casi 500 millones de euros y un aumento de la plantilla en cerca de 7.000 personas, todo ello sin incluir los costes que supondrían desplegar las aduanas y la agencia de la propiedad inmobiliaria.

A sabiendas de que no tenían competencias para ello, se pretendía crear la Oficina de Fiscalidad Internacional, incluyendo la preparación de un convenio que evitara la doble imposición con España, siguiendo el modelo de la OCDE y partiendo de la teoría de garantizar las ventajas de aplicar las directivas comunitarias. En el documento incautado se reconoce abiertamente estar trabajando en la desconexión. Más concretamente, lo hacían hasta “agotar” la denominada vía autonómica, valorando los activos inmobiliarios de España en Cataluña para incorporarlos al patrimonio de la Generalitat. Incluso, se llegó a aprobar el desarrollo normativo.

En función de todo ello y de las cifras reflejadas en el documento de Salvadó, el Instituto Armado llega a la conclusión de que parte de los recursos que preveían gastar “se han dispuesto efectivamente”, puesto que se activó la Junta de Tributos, el Consejo Fiscal, el Instituto de Investigación Fiscal, se había aumentado la plantilla hasta 700 personas, se había mejorado el sistema Gaudí y activado el sistema e-Spriu.

Todos ellos se activaron en la vía autonómica, aunque los investigadores los consideran “necesarios para la Administración Tributaria del futuro Estado catalán”. Tal es así que, Quim Torra, cuando todavía no era presidente de la Generalitat, admitió en la presentación de un libro suyo que se estaban creando “a escondidas”, “por debajo de la mesa”, las estructuras de Estado precisas para llevar a cabo la desconexión de Cataluña del Estado español.

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