760.000 euros en programas informáticos para recaudar impuestos se unen a los 3,26 millones de euros del 1 de octubre.
Según las investigaciones de la Guardia Civil, son ya 4 millones de euros los empleados de “fondos públicos” por la Generalitat de Cataluña para lograr la independencia. Así lo revela en uno de sus últimos informes, en el cual se añaden 760.000 euros de programas informáticos con el objetivo de recaudar impuestos que corresponden al Estado.
El informe ha sido entregado al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, encargado de investigar el procés. desde 2014 y hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución en esta autonomía, la Generalitat había contratado el desarrollo de dos programas informáticos con el fin de conseguir datos del IRPF y de cotizaciones a la Seguridad Social y para recaudar impuestos masivos más allá de sus competencias.
La última aplicación con este destino tuvo un coste total de 240.382 euros. Se trata de la denominada back office SAP TRM, que se integrarría en el sistema informático de la Agencia Tributaria de Cataluña, ATC. Según el informe de la Policía Judicial, el programa permitía hacerse con el control sobre una importante cantidad de ingresos tributarios, entre ellos IRPF y cotizaciones sociales, de forma que se pudieran financiar las necesidades básicas de la Generalitat hasta que la ATC fuese totalmente operativa en una Cataluña supuestamente independiente.
Según la investigación, la Generalitat llevó a cabo una interpretación “abusiva” de la Ley General Tributaria por la que se puede utilizar un asesor fiscal como intermediario con el fin de presentar declaraciones y liquidaciones del impuesto ante hacienda.
La ATC era ese intermediario entre los contribuyentes catalanes y la Agencia Tributaria estatal. Así, se implementaba una medida que hacía posible canalizar los fondos mediante un ente bajo su control directo, la ATC, a la que se presentaba como un medio que facilitaba los trámites tributarios y con eficacia de forma que se evitara “despertar las sospechas de las autoridades centrales”.
A primeros de septiembre, la Generalitat abrió 32 oficinas de la ATC e informó de que tenía “una herramienta informática mucho más potente para afrontar la gestión de impuestos de carácter masivo”. También aumentó el número de trabajadores. Pretendía que se llegara a 5.000 personas empleadas cuando se lograran las plenas competencias fiscales. Con ese objetivo contarían con los profesionales de la Agencia Tributaria española en Cataluña, que sumaban un número de 4.000, incluyendo personal de aduanas y del Catastro.
El programa informático fue desarrollado por IBM, quien después de la aplicación del artículo 155, tuvo que cerrarlo y desactivarlo puesto que el Gobierno de Rajoy entendía que la Agencia Tributaria de Catalunya no era competente en la gestión del IRPF y las cotizaciones sociales. Más de 16.000 euros costó la desactivación del programa.
Pero aquí no acaba la cosa. En 2014, bajo la administración de Artur Mas, la Generalitat catalana quiso que se desarrollara una aplicación llamada “Gestor de Entradas” de forma que las personas que voluntariamente quisieran entregaran a la Agencia Tributaria Catalana una copia de la declaración de la renta después de haberla presentado en la Agencia Estatal. El objetivo era recabar información relativa al hierre PF para la ATC.
La aplicación solo estuvo operativa en 2014 en que se realizaron labores de mantenimiento hasta 2016 por el escaso uso que tuvo por parte de los ciudadanos que tributan en esa comunidad autónoma.
Con esta herramienta, según la Guardia Civil, se daba soporte a la campaña impulsada por la Asamblea Nacional de Cataluña “Declara en Cataluña” en la que se hacía mención a que la Agencia Tributaria Catalana era una estructura de Estado imprescindible para la independencia.
Más de medio millón de euros costó esta aplicación destinada, según la Policía Judicial, a conseguir “de manera unilateral la mayor cantidad posible de información relativa a un impuesto, el IRPF, cuya competencia correspondía en exclusiva a la administración central”.
Los investigadores concluyen que “los máximos responsables de la Generalitat de Cataluña pudieron haber hecho un mal uso de los fondos públicos, arrogándose competencias de las que carecían”. Así, el importe de esta factura “destinada a las actividades recogidas en este informe ascendió a un total de 759 390,58 euros”, una cantidad que también incluye el 45% del coste de los viajes al extranjero con el fin de encontrar financiación para la República y que se concreta en 6.287 euros. El resto del porcentaje no queda registrado porque se espera a recabar datos que aún no han sido aportados por la Generalitat.
El hecho que la Generalitat haya malversado 4 millones de Euros para la Independencia es in-situ motivo de delito y el Govern debe de ser procesado y juzgado por ello, aparte los delitos de Rebelión como sostiene la Fiscalía o de Sedición en lugar de Rebelión que, a última hora, pone sobre la mesa la Abogacía del Estado , también de Desobediencia. Todo ello son delitos que ha cometido el Govern y los políticos presos deben de ser juzgados porque hay pruebas evidentes que les acusa. Le toca a los Jueces decidir.