La web para que se inscribieran costó, como mínimo, 162.000 euros.
Según un último informe de la Guardia Civil, incorporado ya al sumario del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que investiga la organización del referéndum del 1 de octubre, la Generalitat catalana destruyó, con el fin de eliminar pruebas, los formularios de inscripción de los 47.500 voluntarios necesarios para la consulta. Además, la aplicación creada para que se inscribieran tuvo un coste, como mínimo, de 162.000 euros.
Para elaborar el informe, el Instituto Armado analizó la documentación y los dispositivos que fueron intervenidos a David Palanqués, uno de los responsables del área de Tecnologías de la Información, destinado en el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, y relacionado con el contrato de la empresa DXC Technology que desarrolló la aplicación de voluntariado del 1-O.
Así, Palanqués desarrolló, puso en funcionamiento y supervisó la aplicación Connecta’t al voluntariat, que se lanzó en mayo de 2017 con el fin de crear una bolsa de voluntarios, aunque, se explica en el informe, en realidad el objetivo era la llamada “Crida Extra” o “Crida de Colaboradores Referéndum 2017”, activada en la madrugada del 7 de septiembre, poco después de que el Parlament convocara la consulta ilegal.
La Guardia Civil pone de manifiesto que “hasta ese momento, esta ‘crida extra’ se mantuvo oculta, tanto en su fase de producción como en preproducción” y hace hincapié en que el día en que se puso en marcha la aplicación y fue publicada en referendum.cat, el Tribunal Constitucional suspendió la consulta, y eran conscientes de ello los funcionarios involucrados.
Un correo electrónico de Palanqués del 15 de septiembre comunicaba que en la tarde anterior se había cerrado el formulario de registro y la ‘Crida extra’ ya no aparecía en la aplicación, a la vez de que se iniciaba una fase de hasta cuatro días para la validación de los inscritos. También advertía de que “una vez finalizado el proceso, los datos serían eliminados con una clara intención, eliminar cualquier prueba que pudiera ser utilizada en investigaciones posteriores”, reza el informe. En ese momento se habían inscrito 47.498 personas.
Según cálculos del Instituto Armado, la Generalitat empleó 161.315,68 euros en la creación de la aplicación, según datos facilitados por la empresa que la puso en marcha, pero sospecha que “el valor total que supuso todo este proyecto fue más elevado”. Ello es porque destaca “la cantidad de personas de los diferentes departamentos de la Generalitat que, desde el mes de mayo de 2017, casi en exclusividad y algunos incluso en meses anteriores, trabajaron con este fin”.
Los investigadores concluyen que “el personal del centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, de los Departamentos de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, del de Trabajo y de otros organismos públicos autonómicos utilizaron horas de dedicación, recursos materiales que en ocasiones fueron adquiridos ex profeso para este fin, lo cual hace pensar que el coste económico total fue muy superior a la cantidad reclamada por DXC por sus servicios”.