La Fiscalía pide suspender a los parlamentarios en prisión

La Fiscalía pide suspender a los parlamentarios en prisión

Los diputados en prisión deben ser suspendidos de sus funciones en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según ha solicitado la Fiscalía del Tribunal Supremo ante la Sala que juzga el procés independentista. En el escrito presentado insta a las mesas de ambas Cámaras para que procedan “a adoptar las medidas precisas para dar plena efectividad a la previsión legal” y que lo hagan de forma “inmediata”.

De este modo, los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena pretenden suspender de sus funciones a los cinco parlamentarios que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo y evitar la interpretación del Reglamento de las Cámaras. Dicho artículo de la ley se aplicó cuando algunos de estos parlamentarios fueron elegidos diputados en el Parlament las elecciones autonómicas de Cataluña del 21 de diciembre de 2017. En aquella ocasión fue a instancias de Pablo Llarena, instructor del caso.

Precisamente, la Fiscalía se hace referencia al auto de Llarena que no buscaba otra cosa, “sino preservar el orden constitucional impidiendo que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad”.

El Tribunal Constitucional ya avaló en una sentencia en 1994 la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y de ahí que se señale que la condición de parlamentario “pues ser visto por el legislador como inconciliable con la permanencia del procesado por estos delitos en el desempeño de funciones o cargos públicos o, más sencillamente, como incompatible con las concesión de cualquier permiso de salida de prisión para la eventual realización de actos concretos que suponga ejercicio de tal función o cargo”.

En consecuencia, termina la Fiscalía en su escrito, “para la efectividad y cumplimiento de la citada previsión legal, ambas Cámaras parlamentarias deben proceder al ejecución sin más trámites de la medida de suspensión en el ejercicio sus funciones”.

Por su parte, Meritxell Batet, la nueva presidente del Congreso, en cuanto asumió su cargo envió un escrito al Tribunal Supremo, pidiendo que “informara a la Cámara de las consecuencias de la aplicación de la ley procesal”, entendiendo que “la función jurisdiccional corresponde al poder judicial y es la que ha determinado hasta ahora”. Todo ello, a pesar de que el alto tribunal ya dejó entrever en un auto que corresponde a la Cámara Baja, al poder legislativo, tomar la decisión de suspender a los diputados en prisión preventiva, en aplicación de su reglamento. La Mesa del Congreso está convocada hoy a las 12:30 para debatir sobre este asunto.

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