La Fiscalía pide procesar a la dirección de TV3 como organización criminal

La Fiscalía pide procesar a la dirección de TV3 como organización criminal

El juzgado 13, que ya instruye la causa de los preparativos del 1-O, será quien inicie el procedimiento.
La Fiscalía de Barcelona ha pedido al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, juzgado donde se está investigando la logística del 1-O, que inicie el procedimiento como organización criminal contra 28 de los encausados, entre los que se encuentran Antoni Molons, exsecretario de Difusión de la Generalitat; Núria Llorach, presidenta en funciones de la CCMA; y a los directores de TVC, Vicent Sanchis, y Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y a excargos del Diplocat.

Europa Press ha recogido un recurso de reforma al auto de procesamiento que se ha presentado ante el Juzgado, según el cual, el Ministerio Público solicita procesar como organización criminal a altos y ex altos cargos como Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, Albert Royo, Amadeu Altafaj y Natàlia Garriga, entre algunos otros.

Según la Fiscalía, una organización criminal es “cualquier red estructurada, sea cual fuere la forma de estructuración, que agrupe a una pluralidad de personas con una jerarquización y reparto de tareas”.

Considera a estas 28 personas como las que “de forma concertada y permanente en el tiempo y con la finalidad de conseguir por vías delictivas la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña” a través de una aportación hecha de modo individual y jerarquizado.

El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, el pasado 9 de abril, juzgó a 30 encausados por los preparativos del 1-O en 2017, de los cuales la mayoría había ocupado cargos públicos en el Ejecutivo de Carles Puigdemont y, otros de ellos, continúan en la Generalitat.

Esta decisión fue adoptada por la magistrada titular mediante un auto de procesamiento por presuntos delitos de desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos, prevaricación y delitos de malversación de caudales públicos, después de más de dos años de instrucción que había sido iniciada por Juan Antonio Ramírez Sunyer, ya fallecido.

La fianza solidaria por responsabilidad civil fue fijada por la juez en 5.803.068,67 euros, ya que ésta cantidad era la presuntamente utilizada para sufragar los gastos de la celebración del 1-O.

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