Los cinco políticos del procés que se encuentran en prisión preventiva y que han resultado elegidos en las elecciones del 28 de abril, y que han pedido evitar la prisión provisional para ejercer las responsabilidades como parlamentarios, se han encontrado con la negativa de la Fiscalía del Tribunal Supremo de ponerlos en libertad. Además rechaza que haya de solicitar el permiso formal a las Cámaras para poder seguir con el procedimiento.
Jordi Pina, abogado de Jordi Sánchez, Josep Rull, y Jordi Turull; y Andreu Van Den Eynde, que ha sido quien ha presentado la petición. También ejerce la defensa de Oriol Junqueras y de Raül Romeva.
La Fiscalía, en su escrito de nueve páginas, apunta que el mantener la privación de libertad es “proporcionado y no vulnera el derecho a la participación política de los acusados” puesto que el presentarse como candidatos es para manifestar ese derecho esencial y como muestra de que los acusados son titulares del mismo.
Respecto al permiso para que los recluidos asistan a la sesión constitutiva en el Parlamento el día 21 ya que no ha sido pedido expresamente por las defensas.
Suma, en cambio, que el disfrute de ese derecho participativo podría verse afectado “en la medida en que se pretenda su ejercicio de una manera incompatible con la situación cautelar de privación de libertad”, que es la única que excluye el riesgo de fuga.
De este modo, coincidiendo con escritos de antes en contra de la libertad, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal, fiscales del caso, insisten en que los acusados eran totalmente conscientes de que el ejercicio de su derecho de participación ya venía condicionado por la medida cautelar que se había acordado, “sin que pueda adjetivarse como ilegítima la restricción que el mantenimiento de la citada medida cautelar comporta”.
“En el estado actual de las cosas, concluyen los fiscales, la única medida que excluye el riesgo de fuga -ya constatado y materializado en otros momentos del proceso- garantiza la presencia de los acusados privados de libertad hasta la terminación de la vista oral y el dictado de la sentencia es la prisión provisional”. Si huyen, obligaría a repetir el juicio.