La ex presidenta de Corea del Sur, condenada a 24 años de cárcel

Fue declarada culpable de corrupción, abuso de poder y coacción.
Park Geun-hye, ex presidenta de Corea del Sur, fue condenada ayer a 24 años de cárcel por 16 de los 18 cargos de los que estaba acusada, entre ellos varios de corrupción, abuso de poder, coacción y filtración de secretos de Estado. La acusada no estuvo presente en la sesión en la que el juez Kim Se-yoon, del Tribunal del Distrito Central de Seúl, leyó la fundamentación del caso. “A pesar de todos estos delitos, la acusada negó todos los cargos contra ella, no mostró ningún arrepentimiento y presentó una actitud incomprensible al echar la culpa a Choi y otros funcionarios… no puedo más que declarar a la acusada responsable de sus delitos”. Además de la condena a prisión, deberá abonar una multa de 14 millones de euros, muy por debajo de lo que reclamaba la fiscalía, más de cien millones de euros y una pena de 30 años. Ahora se abre un plazo de una semana para apelar.
La trama de corrupción se destapo en 2016 y ya tuvo una primera condena, en febrero, de 20 años de cárcel para Choi Soon-sil, la amiga y confidente de Park, acusado de haber cooperado con Choi para dar favores políticos a conglomerados empresariales surcoreanos, entre ellos Samsung y Lotte, a cambio de millones de dólares. La cuestión es que la ex presidenta de Corea del Sur tenía una imagen de incorruptible, que no se casó nunca y se había distanciado de su familia para dedicarse por completo al país. A medida que se fueron destapando los distintos episodios de corrupción la indignación fue creciendo también en la calle, hasta el punto de que su propia formación política, el Partido de la Libertad de Corea, tuvo que ponerse en su contra, y en diciembre de 2016 la Asamblea Nacional votaba a favor de su destitución. Tras las elecciones anticipadas, Moon Jae-in, del Partido Democrático, fue nombrado presidente. Desde esta formación han declarado que “esta sentencia representa el severo juicio del tribunal sobre el uso de la posición presidencial para socavar el orden constitucional, perjudicar el Estado de derecho y obtener beneficios personales de los conglomerados”.