Por Francisco Villanueva Navas · @FranciscoVill87
Economista y periodista financiero.
Es evidente que las relaciones internacionales pesan sobremanera en las decisiones políticas de los bloques económicos en el mundo. Después de la peor crisis económica de los EEUU y de la Unión Europea desde 1929, el horno no está para bollos ni las decisiones que afectan a los grandes imperios informáticos de la economía tecnológica, están para arriesgar lo más mínimo ante una recuperación económica que se evidencia a ambas partes del océano Atlántico.
La idea de imponer una tasa de 3% a los gigantes como Facebook, Google o Amazon entró en compás de espera por falta de voluntad política y el temor a que haya alguna devolución de favores por parte de Washington y de una administración tocada por las elecciones legislativas de EEUU, que han supuesto que la cámara de representantes o Congreso de los Diputados vuelvan a manos de la izquierda.
La prometida tasa europea a los gigantes digitales, la mayoría estadounidenses, tendrá que esperar. La propuesta de la Comisión Europea presentada en marzo y que debía imponer una tasa paneuropea del 3% de los ingresos de las mayores firmas tecnológicas parecía que podría salir adelante sin grandes obstáculos, pero los ministros de Finanzas de la Unión Europea constataron que no hay voluntad política para darle vida. Irlanda con sede de Google Europa y Suecia con Spotify se alzan como hidras ante cualquier cambio que perjudique sus sedes de las multinacionales estadounidenses.
La tasa iba directamente dirigida a empresas como Facebook, Google, Amazon o Twitter, acostumbradas a evadir impuestos en la mayoría de los países europeos desviando sus ingresos a jurisdicciones con las que han firmado acuerdos que les permiten pagar una tasa ínfima.
Los ministros no lo dijeron públicamente, pero fuentes comunitarias confirmaron que en la reunión recientemente celebrada que se planeó el miedo a que la aprobación de un impuesto que iba a ser pagado principalmente por multinacionales estadounidenses fueran respondido desde Washington con algún tipo de represalia. Los europeos están peleando para que sus empresas no sufran doble imposición en Estados Unidos y ahí podría haber estado uno de los grandes riesgos.
Google adapta Android para cumplir con las exigencias de la Unión Europea
La imposibilidad de lanzar la tasa a nivel europeo, porque las materias de temas fiscales se deciden en Europa por unanimidad de los 28 países del bloque y un grupo se negó a su puesta en marcha, hace que varios gobiernos empiecen a hacerlo a nivel nacional. España y el Reino Unido ya anunciaron sus propios planes ante la impotencia de conseguir un acuerdo a nivel europeo. Italia anunció anoche que también preparará su tasa nacional. España arrancó hace tiempo el proceso legislativo y espera recaudar 1.200 millones de euros a partir del próximo año.
Algunos países han ido cambiando de opinión. Alemania, que en marzo apoyó la propuesta del brazo ejecutivo de la Unión Europea, no parecía estos días tan entusiasta. Su ministro de Finanzas dijo que, de aprobarse, la nueva tasa no debería entrar en vigor hasta el verano de 2020 y sólo en el caso de que no pudiera llegarse a un acuerdo para la creación de una tasa idéntica a nivel global.
Alemania teme que el presidente estadounidense Donald Trump imponga subidas de aranceles a las marcas de coches alemanas, que en EEUU son un auténtico lujo. Francia, uno de los principales apoyos del nuevo impuesto, aceptó la idea alemana de retrasar la entrada en vigor del nuevo impuesto hasta finales de 2020, pero pidió un improbable acuerdo antes de finales de este año para tener todo preparado para activar esa tasa en 2020.
El impuesto europeo o tasa Google se aplicaría a plataformas de internet que facturen más de 750 millones de euros a nivel mundial y más de 50 millones de euros en Europa. Los datos que maneja la Comisión Europea aseguran que mientras las empresas tradicionales pagan en Europa, de media, un 23,2% de impuesto de sociedades, los gigantes tecnológicos, gracias a sus entramados de evasión fiscal, pagan de media un 9,5%. Una vergüenza para el estado de bienestar europeo y para gobiernos como el español que propugna la solidaridad como bandera de gobierno digno.