Es la primera vez que un partido político se sienta en el banquillo como persona jurídica.
La tesorera, Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno, el abogado del PP, Alberto Durán y el propio partido serán procesados por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Luis Bárcenas empleaba en la sede del PP. Así lo ha confirmado la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, después de desestimar los recursos presentados por la fiscalía y por los acusados contra el auto de la juez instructora Rosa María Freire en el que la magistrada aseguraba que los documentos de Bárcenas habían sido eliminados a “conciencia mediante el sistema más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física”. Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid creen que hay indicios suficientes de que los acusados han cometido un presunto delito de daños informáticos y encubrimiento. La Fiscalía sostiene que no hay indicios para imputarle estos delitos y que la única versión es la del propio Bárcenas, “inverosímil y contradictoria”. El PP señala que no hay argumentos de acuerdo al artículo 31 bis del Código Penal para que sea considerado responsable como persona jurídica.
Hay que determinar la propiedad de los datos, no del soporte
Mario Pestaña, José Joaquín Hervás y Jacobo Vigil, los magistrados de la Audiencia Provincial, sostienen que el procedimiento no busca “determinar la propiedad del soporte, sino de los datos”. Añaden que Bárcenas fue exculpado de toda responsabilidad en esta causa por no “haberse acreditado ni la fuerza típica, ni la intención de los investigados de sustraer bienes ajenos”, y no por la propiedad de los equipos, añadiendo que, cuando el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional solicitó como prueba la aportación de los datos de dichos ordenadores, fue imposible entregar los archivos, impidiéndose, así, “con el borrado de los datos, la realización de una diligencia considerada relevante en una causa criminal de indudable trascendencia”.
Respecto a Carmen Navarro, dice el auto que entre sus “responsabilidades estaba precisamente la de gestionar qué se hacía con estos equipos, tanto es así que se preocupó de pedir información al señor Durán cuando el señor Bárcenas reclamó los equipos y que el señor Durán se la dio cuando llegó el requerimiento de la Audiencia Nacional para su entrega”, y de José Manuel Moreno, que fue quien efectuó físicamente el borrado de los ordenadores. Finalmente, respecto a Alberto Durán, el abogado del PP, afirman que su responsabilidad es por ser el director de los Servicios Jurídicos del partido desde 2010. Por tanto, conocía la reclamación de los ordenadores por Bárcenas y sus denuncias acerca de la propiedad de los documentos eliminados.
Por otro lado, se afirma que hay cierta contradicción entre navarro, Durán y Moreno en sus declaraciones respecto al protocolo de borrado ya que Javier barrero, otro de los investigados, afirmó que no existía. Para la juez instructora, el borrado se hizo para impedir que se revelaran los “datos importantes relativos a la contabilidad paralela y otros extremos que el extesorero guardaba en los ordenadores portátiles”.