Investiga 23 años en los que directivos de una empresa pública española de armamento pagaron para obtener contratos en el Reino del Desierto.
El juez José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, está investigando cinco operaciones llevadas a cabo entre los años 1992 y 2004 por la compañía Defex con el Gobierno de Arabia Saudí y otros 11 contratos suscritos entre 2005 y 2014 publica El País. Varios documentos judiciales españoles y suizos revelan que podría haber mordidas de hasta 70 millones de euros.
En 2014 comenzaron las pesquisas cuyo objetivo es Defex, empresa participada en un 51% por el Estado a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales y el 49% por empresas privadas que se dedicaban a la venta de armas. En ese año se conoció una operación de venta de material policial a Angola supuestamente con un sobrecoste millonario que habría acabado en manos de funcionarios de este país africano y directivos españoles.
El presidente, el vicepresidente y el director de operaciones de Defex están imputados por el mantener por el mantenimiento de “un patrón criminal sistemático de conducta”, dice uno de los autos del magistrado. Igualmente, la investigación desvela que la compañía obtuvo 11 contratos de venta de armas o material policial y de defensa a Arabia Saudí durante un periodo de nueve años desde 2005.
Al tratarse de una empresa pública, Defex conseguía las autorizaciones necesarias para la exportación de armas y munición. Comisiones ilegales sin contraprestacion comercial aparente a personas bien relacionadas con las autoridades de Arabia Saudí y también a los propios directivos de la compañía se pagaban a través de una “compleja constelación” de sociedades, como se define en la información requerida a las autoridades suizas.
El caso concreto de lo solicitado a Suiza se refiere a un contrato de material militar firmado con un representante del país árabe por 19.050.000 euros, cuando el valor real de la munición era de 14.550.000.
La UCO de la Guardia Civil también investiga otras cinco operaciones comerciales en el Reino del Desierto parecidas a las otras y en las que Defex hizo pagos por un total de 60,7 millones de euros durante más de diez años, entre 1992 y 2004, a una empresa domiciliada en las Islas Caimán con nombre Península Inc Ltd. De la Mata dice que estos pagos están documentados “en distintas facturas sin detalles y sin contrato”.
Se estima que otras cuatro empresas, además de Península, eran sociedades instrumentales cuyo único objetivo era derivar fondos a personas de influencia en la concesión de contratos, además de a los directivos de Defex. También, ocultar beneficios que procedían de las comisiones ilegales.
Según el titular del juzgado instructor, Ángel María Larumbe Burgui, ex director de operaciones de la compañía, cuyo nombre en clave era Kogan, y José Ignacio Encinas Charro, el expresidente, Oscar en su nombre en clave, utilizaron desde 1998 ese “patrón criminal sistemático”. Los dos tomaron contacto con varias personas para que administrarsen los fondos ocultos en el extranjero, entre ellos Vicente Ferro, presunto testaferro, y siguiendo una “estrategia cuidadosamente planificada” y continuada a lo largo del tiempo, sostiene el juez.
Sobresale también Beatriz García Paesa, que diseñó desde Luxemburgo una sofisticada estructura financiera orientada al buen funcionamiento de la trama de desvío y blanqueo de capital.
De la Mata tomó la decisión en julio de procesar a Defex por una supuesta venta irregular de armas a Angola. se trata de la pieza principal de la investigación y la más avanzada. En el banquillo se sentará la empresa pública, otras dos sociedades y 27 imputados, entre ellos los tres directivos de la compañía y García Paesa.
Hay otras dos piezas separadas entre las cuales se encuentra la de Arabia de Saudí, que continúa secreta y sobre la que sigue llegando información a la Audiencia. En junio de 2017 se hizo una comisión rogatoria a Suiza para solicitar información acerca de las cuentas bancarias a nombre de las sociedades, que se utilizaron para esconder el botín de los ex directivos de la empresa pública.