Torrent ha convocado un pleno extraordinario para mañana.
Las movilizaciones en la calle podrían llevar a los independentistas a investir a Carles Puigdemont, un suicidio público puesto que sería cruzar la línea roja de la desobediencia a la ley, algo que ni ERC ni PDeCAT querían tener que hacer. Pero la CUP empuja. Elsa Artadi, portavoz de JxCat, aseguró ayer: “Hay que ver cómo hacemos a Puigdemont presidente de verdad”. Y en esa misma línea, las formaciones secesionistas pretenden aprobar en un pleno convocado para mañana una resolución registrada ayer para que el Parlament se comprometa “a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que Carles Puigdemont pueda ejercer sus derechos políticos incluyendo el derecho a someter a debate y votación su candidatura para ser investido presidente de la Generalitat”.
Los independentistas se basan en que el comité europeo de los derechos humanos ha admitido a trámite el recurso que presentó Jordi Sànchez, al entender que se vulneraban sus derechos por no permitirle, por parte del Tribunal Supremo, abandonar la cárcel para asistir al pleno de investidura. Sin embargo, el hecho de que se haya admitido a trámite no obliga a la justicia española a rectificar, algo que ignoran deliberadamente los soberanistas, pero van más allá entendiendo que no solamente se habilita a Sànchez para ser investido, sino que también quedan habilitados Turull y Puigdemont.
Torrent no desobedecerá al Tribunal Constitucional
Sin embargo, se mire como se mire, Roger Torrent no llevará a cabo un pleno para investir presidente a Puigdemont, toda vez que desde que tomó posesión de su cargo ha evitado desobedecer al Tribunal Constitucional, TC, que mantiene la prohibición de la elección a distancia de cualquier candidato. Por ese motivo, el presidente del Parlament suspendió la sesión de investidura del 30 de enero cuando el TC prohibió la elección telemática y cuando Turull fue encarcelado, convirtiendo el pleno en un debate simbólico lanzando un mensaje institucional que en ningún momento dejara entrever la posibilidad de investir a Puigdemont.
En cambio, el presidente de la Mesa del Parlament sí ha permitido que se tramite la reforma de la Ley de Presidencia para habilitar la investidura a distancia. Las formaciones constitucionalistas ahora la enmendarán y la recurrirán ante el Consejo de Garantías Estatutarias, cuyas resoluciones no son vinculantes. En aproximadamente una semana la modificación de la ley podría ser aprobada, a pesar de la advertencia hecha por los letrados del Parlament de que no podría utilizarse para investir a Puigdemont porque se estaría desobedeciendo al Constitucional. La cuestión, al final, es como contentar a la calle.