La Fiscalía Anticorrupción pidió al juez Manuel García Castellón que prohibiera a los periodistas publicar los llamados papeles de Villarejo. Y el magistrado ha accedido a ello. No solo eso, sino también ha ordenado que los entreguen al Juzgado.
Supuestamente, esta documentación la recibió Alfonso Pazos, excompañero de celda del ex comisario en Estremera, de manos de Villarejo. A su vez, Pazos los envió a varios periodistas y a otras personas.
Contenían información, sostiene Anticorrupción, acerca de la Operación Cataluña, el rey Juan Carlos o Pablo Iglesias, además de otras.
El juez García Castellón, que instruye el caso, abrió en julio una nueva pieza, la 28, de esta macrocausa. Lo hizo tras saber que el ex comisario “dispondría de una gran cantidad de información y documentación que podría ser secreta y de carácter reservado y que estaría controlando desde la prisión de Estremera”.
Según la investigación, estos papeles de Villarejo detallan investigaciones policiales que se habían encargado a otros compañeros. Se trata de notas informativa sin firma ni sello ni registro redactadas por el propio ex comisario.
Supuestamente, aportaban nuevas informaciones que en algunas ocasiones se pudo demostrar que eran imprecisas o simplemente no se pudieron probar.
En esos papeles se encuentra información de los casos más importantes de corrupción juzgados en España en los últimos 20 años.
El magistrado mantiene abiertas alrededor de 30 causas que tienen que ver con delitos de revelación de secretos, falsedad documental, cohecho, blanqueo u organización criminal.
De acuerdo con el artículo 20 de la Constitución, se protege el derecho a comunicar información veraz por cualquier medio. Asimismo, se prohíbe la censura previa. Ahora bien, para secuestrar publicaciones, grabaciones y otros medios de información se necesita una resolución judicial, que es lo que ha dictado el juez.
Los papeles de Villarejo podrían usarse para chantajear
Así, García Castellón ordenó diligencias con el fin de impedir el “acceso ilegítimo de terceros a documentos legalmente protegidos”. De este modo, se pretende evitar que Villarejo “pudiera chantajear tanto a particulares como a las instituciones del Estado mediante la difusión programada de esa información sensible”.
Hay que añadir que en el registro del domicilio de Pazos se encontraron “determinados documentos de carácter clasificados”. Corresponden a la etapa en la que el ex comisario “desempeñaba funciones de información e inteligencia policial en la Dirección Adjunta Operativa”.
Además, en el registro de la celda de Villarejo se hallaron más documentos, sobresaliendo seis notas informativas. Anticorrupción sostiene que éstas incluyen datos afectados por la Ley de Secretos Oficiales parecidos a los entregados por Pazos.
Material clasificado como secreto
La Fiscalía explica que hubo hasta “siete encuentros” de éste “con terceras personas interesadas en la adquisición o en el acceso a los documentos que se pretendían difundir, sin que ninguna de ellas esté legalmente habilitada para el acceso al material clasificado como secreto”.
Son muchos los documentos que forman parte de los papeles de Villarejo que distintos medios han publicado previo a que Pazos los entregara a otros. Por ejemplo, entre ellos, la declaración de Corinna a favor del propio ex comisario en el juicio por injurias y calumnias al exdirector del CNI.
En los textos dirigidos al juez por parte de Anticorrupción se detalla que Pazos contó a una periodista que tanto el juez como la Fiscalía solo sacaban información que era de su interés.
“Y sabes qué va a ocurrir cuando tú empieces a sacar o el que sea empiece a sacar estas cosas, que van a darse cuenta de que hay un… O sea, que se les va de las manos”, relató el ex compañero de Villarejo a la periodista.
Así las cosas, García Castellón prohibió a la reportera publicar esa información. La periodista recurrió, pero el pasado miércoles el juez dictó un auto ordenando, tanto a ella como a otros, “abstenerse de publicar” dicha información.
Asimismo, ha solicitado a la DAO de la Policía un informe sobre si las notas informativas de los papeles de Villarejo “están afectas a la legislación sobre secretos oficiales”.