En contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha decidido abrir juicio oral a Francisco Camps, ex presidente de la Generalitat valenciana, a ex altos cargos y a varios empresarios por las supuestas irregularidades en la construcción del circuito de F1 en la capital valenciana.
Anticorrupción se oponía a esta decisión al entender que la posible prevaricación la que se basaba su acusación, si era constitutiva de delito, ya habría prescrito, por lo que había pedido el sobreseimiento de la causa.
Por el contrario, la Abogacía de la Generalitat, que actuaba como acusación particular, presentó un escrito de acusación pidiendo 7 años de prisión para Camps por malversación y tráfico de influencias, además de 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y más de 13 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
En consecuencia, había solicitado la apertura de juicio oral contra el ex presidente valenciano y 13 procesados más. Igualmente, la magistrada, que ha atendido, así, a la petición de la Abogacía, también abre juicio oral a las empresas Typsa, Ayesa, Hormigones Martínez, FCC y CYES como responsables civiles subsidiarias.
En cambio, la titular del juzgado no ha aceptado la solicitud de abrir una pieza separada con el fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias, entendiendo que “no procede su apertura” al atender las penas solicitadas por parte de la Abogacía de la Generalitat y se remite, respecto a la responsabilidad civil, al dictamen que haga el informe pericial solicitado y en el que se pide una condena solidaria de los acusados.
Juicio oral o por escrito, alabo la decisión de la Abogacía de la Generalitat de seguir investigando el » enredo » de Camps y sus 13 acompañantes.
¿Que es eso de que ha prescrito? Ahora me dirán que también ha prescrito el derecho de los españoles a que nos devuelvan el dinero que nos han quitado, que lo devolvieran era la primera medida que había que adoptar, pero como tendrán el dinero a buen recaudo en paraísos fiscales, por lo menos que lo paguen con cárcel e inhabilitación de cargos públicos para que no metan más la mano en el bolsillo de los españoles.