La política está judicializada y la Justicia está politizada. Lo demuestra el caso de la jueza que investiga a José Manuel Franco. La magistrada Carmen Rodríguez-Medel ordenó investigar al delegado del Gobierno en Madrid por una supuesta prevaricación al autorizar actos multitudinarios a primeros de marzo.
El informe encargado a la Guardia Civil en sus funciones como policía judicial fue elaborado después de las pesquisas dirigidas por el coronel Diego Pérez de los Cobos. El mando del Instituto Armado no informó, por orden de la jueza, acerca de las investigaciones a sus superiores, ni al ministro Fernando Grande-Marlaska.
A partir de aquí se genera una completa tormenta política y judicial. Pérez de los Cobos fue destituido el lunes como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Interior justifica el cese en la “pérdida de confianza” en el coronel.
Ayer mismo, el ministro mencionó que esa destitución obedecía a los cambios que pretendía llevar a cabo en el departamento que dirige María Gámez, directora general del Instituto Armado.
Poco después, la jueza Rodríguez-Medel advierte que investigará a Marlaska si se constata que el cese se debe a que el coronel obedeció sus órdenes. Lo considera una injerencia en tanto en cuanto Pérez de los Cobos actuaban como policía judicial.
Al poco, Laurentino Ceña, número dos de la Guardia Civil, dimite en protesta por la destitución. Quedaba constancia de las discrepancias entre el mando de la Benemérita y el ministro.
La jueza Rodríguez-Medel llegó a representar al Gobierno en negociaciones políticas
Ahora llega la parte en la que podría deducirse una politización de la Justicia. La jueza trabajo en el ministerio del ramo como asesora en la etapa de Rafael Catalá, ministro del PP. Llegó a participar en representación del Gobierno en distintas reuniones de negociación política.
A todo este tipo de situaciones contribuye el sistema por el cual política y justicia se entremezclan. Y tampoco parece que haya voluntad para enmendar este persistente error. En otros países de nuestro entorno, con menor corrupción y mucho más prestigio institucional, esta situación no se produce.
Lo cierto es que en según qué casos hay jueces que quieren hacer carrera política y actúan durante la jurídica con la vista puesta en un escaño o en un cargo político. A su vez, los políticos pretenden influir en la Justicia.
De ahí que se resistan, por ejemplo, a despolitizar el Consejo General del Poder Judicial. Ése no es el espíritu. De hecho, los nombramientos en el órgano de gobierno de los jueces deberían ser exclusivamente por méritos profesionales y no por su ideología.
Esa influencia de la política en la Justicia también se ejerce cuando los recursos humanos de que disponen los jueces dependen jerárquicamente de un político. Es el caso que nos ocupa. La Guardia Civil en este caso actuaba como policía judicial, no teniendo que reportar a nadie más que al magistrado o magistrada que ordenó la investigación.
Por otro lado, es legítimo que un juez o una jueza quiera hacer carrera política, pero, entonces, también debería asumir que, una vez acabada esta, no podrá volver a aquella al menos durante un mínimo de años. Entretanto, podrá seguir tratando de ganar puntos en política.
Es necesaria una verdadera policía judicial
Mientras que no haya una verdadera policía judicial como sucede en la Fiscalía Anticorrupción, situaciones como esta se seguirán repitiendo. También es legítimo que un ministro haga sus nombramientos al tratarse de cargos de confianza.
La cuestión penal que investiga la jueza no tiene mayor recorrido. En cambio, tanto ella como el ministro han convertido un inexistente problema en un problema político real. En ambos casos desprestigian las instituciones a las que representan y dejan muchas lagunas sin resolver. Para los tiempos que corren, eso no es bueno