Los jueces y los fiscales irán a la huelga indefinida a partir del 16 de mayo por no recibir propuestas para mejorar salarios y reducir carga de trabajo.
Así lo han anunciado tres asociaciones de magistrados y dos de fiscales por la “falta de propuestas concretas” y “verdadero propósito de negociar” de los ministerios de Justicia y Hacienda.
Concretamente, los convocantes son la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Además, al comunicado de estas asociaciones se suman Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales.
Estas dos últimas asociaciones comparten el diagnóstico y la necesidad de mejoras para superar el “estancamiento actual” del sistema.
No obstante, creen “oportuno” esperar a conocer los planteamientos de Hacienda en la reunión de la Mesa de Retribuciones del 3 de mayo.
De este modo, dependiendo de lo que suceda en ese encuentro, se sumarán o no a la huelga indefinida.
Así, las siete asociaciones firmantes del documento manifiestan “nuestro firme propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo”.
Dicho esto, avisan de que no permitirán que su actitud responsable “sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios”.
Jueces y fiscales son necesarios para un sistema judicial eficaz
Recuerdan, asimismo, que a Justicia y Hacienda “les corresponde velar porque nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz”.
Algo, razonan, que “no es posible alcanzar si la labor de juezas/ces y fiscales no se desarrolla en condiciones adecuadas”, lo que incluye las retributivas.
Si se concreta la huelga, será la tercera de la Justicia de 2023. De hecho, los Letrados de la Administración de Justicia mantuvieron paros indefinidos durante más de un mes. Finalmente, lograron una mejora salarial de 450 euros mensuales.
Además, desde la semana pasada los funcionarios de Justicia están en huelga reclamando, también, mejoras salariales.
A su vez, las asociaciones recuerdan que advirtieron de su “intención de elaborar un calendario de medidas de presión” tras las reuniones de los días 31 de marzo y 4 de abril con el Ministerio de Justicia.
Añaden que tomaron la decisión “ante el decepcionante resultado de las reuniones y a la vista de los precedentes”.
En ese punto, recuerdan que “en octubre de 2022 y tras meses de conversaciones, el Ministerio desconvocó sin explicaciones la llamada Mesa de Retribuciones”. La había convocado “formalmente” apenas unos días antes.
Con todo, aseguran, mostraron “paciencia y sentido de responsabilidad” tanto previamente a la desconvocatoria como tras ella. “Reaccionamos interponiendo una demanda para obligar al Ministerio a cumplir la ley”, explican.
Además, en dos ocasiones en 2023 “reclamamos al Ministerio de Justicia la convocatoria de la Mesa, sin obtener respuesta”, afirman.
Posteriormente, continúan relatando, el Ministerio les convocó “para las mencionadas reuniones del 31 de marzo y el 4 de abril”.
En ellas, “no se produjo avance significativo alguno más allá del compromiso de que la Mesa se convocaría antes del 10 de mayo”, concluyen.