Apenas han pasaron 24 horas desde que Juan Carlos I comunicara a su hijo, el rey Felipe VI, su decisión de abandonar España. El monarca ya había aterrizado en otro país. En concreto, en República Dominicana y más concretamente en Santo Domingo, su capital.
Allí, según parece, pasará unos días en casa de unos amigos. En cambio, todavía no se ha desvelado cuál será su residencia a partir de ahora fuera de nuestro país.
Ese autoimpuesto ‘exilio’ de Juan Carlos I se debe a los no poco azarosos acontecimientos recientes que fustigan su figura. Desde que se conoció la existencia de cuentas del rey emérito en paraísos fiscales, supuestas comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca y otros escabrosos asuntos, su popularidad no solo se ha desplomado, sino que ha sido objeto de múltiples ataques. Unos arremetidos que se extienden a toda la Corona. La presión política y social ha podido más.
Jueces y fiscales suizos y españoles investigan sus actividades antes y después de su abdicación en 2014. Entretanto, el Congreso sigue sin abrir una, y así será mientras el PSOE, en alianza con el PP, siga bloqueándola en la Mesa de la Cámara Baja.
Con todo, la campaña contra la Monarquía en sí misma, a cuentas de esto, no cesará pese a la decisión del rey emérito de dejar de residir en España. Según la carta que remitió al actual Jefe del Estado, opta por abandonar el país por su deseo de “lo mejor para España y para la Corona”.
Ningún juez está investigando a Juan Carlos I
En ese contexto, cabe recordar que ningún juez está investigando a Juan Carlos I. Ni siquiera el encargo de Dolores Delgado, Fiscal General del Estado, a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Nada cambia la situación legal del rey emérito, que sólo puede ser investigado por la Sala Segunda del alto tribunal, a efectos penales.
Por si acaso, Javier Sánchez-Junco, su abogado, ha dejado claro que el rey Juan Carlos se mantiene a disposición del Ministerio Fiscal. No podría ser de otra manera. Mientras tanto, ya hay voces que se alzan pidiendo sosiego y que a Juan Carlos I se le juzgue como a un ciudadano más, con plenas garantías.
No hay que olvidar que el rey emérito podría haber incurrido en actos privados poco edificantes. Unos actos de los que hay posibilidades de que se deriven consecuencias administrativas, tributarias e, incluso, de otro tipo.
En definitiva, su salida responde a una situación política y social que aconsejaba un movimiento definitivo por parte de la Corona y del mismo monarca. El propio Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, pedía a la Casa del Rey que se tomaran decisiones en relación al rey emérito.
Incertidumbre por las repercusiones
Las consecuencias, positivas o negativas, se verán a un medio plazo más que a uno corto. Todo va a depender de que la campaña contra la misma Monarquía arrecie o se calme.
Ante ese escenario, es importante recordar que, por el momento, la institución básica sobre la que se sustenta el régimen constitucional es la Corona. Así se establece en el apartado 3 del artículo 1 del título preliminar de la Carta Magna: “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”.
Guste o no, mientras eso no cambie, mientras así lo defina la Constitución, así permanecerá. Otra cosa es que se quiera cambiar, que por poder, se puede cambiar. Así es la democracia.