Josep Maria Jové –con el puño en alto en la imagen-, diputado de ERC y miembro de la mesa de negociación, ha sido procesado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la organización del referéndum ilegal del 1-O.
El diputado republicano fue secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat catalana con el Govern de Carles Puigdemont.
El TSJC procesa a Jové concretamente por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos en su participación en la organización del 1-O.
El diputado republicano fue miembro de la delegación catalana que participó en la constitución de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. La resolución ha llegado tan solo dos días después de este hecho.
Jové fue uno de los últimos nombres que el Govern comunicó cuando anunció que en su delegación habría más miembros de los iniciales. En principio iban a ser seis y finalmente fueron ocho, con personas que no pertenecen al Gobierno catalán. También se procesa a Lluís Salvadó, diputado y ex secretario de Hacienda de la Generalitat.
El ex secretario general de Vicepresidencia y Economía acudió a la cita en La Moncloa con una libreta Moneskine. Se trata del mismo modelo de cuaderno que le fue intervenido por la Guardia Civil donde había anotaciones manuscritas del 1-O.
La magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret ha fijado las declaraciones para el martes 11 de marzo a partir de la 9:00 horas. Obliga a los dos procesados a personarse mensualmente en el juzgado, les ha retirado el pasaporte y les prohíbe salir del país.
Además, impone una fianza de responsabilidad civil de 2,8 millones de euros a Jové y de 1,6 millones a Salvadó.
Jové y Salvadó planearon las estructuras del Estado catalán
En su auto, Alegret señala que ambos políticos “planearon que era necesario preparar las estructuras de Estado y una adecuada financiación para cuando Cataluña contase con la independencia”. Igualmente, que el ex secretario general de Vicepresidencia y Economía participó en la organización y en la obtención de financiación.
Jové ha reaccionado con un tweet: “¡Caray que eficiencia! Antes por aquí que notificarlo a los afectados. ¡Qué valientes! ¡Hasta la victoria!”. Quim Torra, presidente de la Generalitat, le ha respondido también en Twitter: “Querido Josep Maria Jové, todo mi apoyo y un abrazo de victoria.
Pere Aragonès, vicepresidente catalán, también ha utilizado esta red social para mostrar su apoyo a los dos procesados por el TSJC. En él, avisa de que no les pararán y que vencerán.
Según el auto de la magistrada, el ex secretario general consiguió datos personales de los catalanes de manera irregular mediante un convenio con Idescat. Éste se firmó el 28 de febrero de 2017 para, presuntamente, crear un censo para el referéndum ilegal del 1-O.
El convenio, con una vigencia de un año, no se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat ni en la página del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). En esta aparecen los convenios vigentes y no vigentes suscritos por esta entidad.
En consecuencia, “los particulares interesados no podían conocer que sus datos personales habían sido cedidos ni oponerse a tal cesión, ni tampoco ser impugnado”, reza la resolución.
También con los datos obtenidos se elaboraron las cartas a los miembros de las mesas electorales. Estas misivas fueron intervenidas parcialmente por los investigadores policiales antes del 1-O.
Según la juez, desobedeció al Tribunal Constitucional
Asimismo, Jové presuntamente desobedeció las órdenes del Tribunal Constitucional (TC) contra la organización del refrendo. Intervino “activamente en la búsqueda de los locales donde debía llevarse a cabo el referéndum”. Conocía la fecha de publicación del decreto de convocatoria.
A ello se une que tenía en su ordenador archivos como modelo de papeleta, actas de constitución de mesas y lista numerada de votantes. Este listado coincide con los nombres de material electoral encontrado en la nave de Bigues i Riells, en Barcelona.
Según el auto, Jové coordinó “las actividades ejecutivas del referéndum”, algo que se infiere del documento Enfocats y de las anotaciones de la agenda Moneskine.
También habría actuado como responsable del área de procesos electorales y consultas populares. La magistrada indica que conoció y autorizó ciertos gastos dirigidos a la realización del 1-O.
Dichos gastos sumarían 2.166.661,13 euros, eran de dinero público y no se utilizaron para los intereses generales. Se destinaron a “finalidades ajenas a las competencias que tiene encomendadas la Administración autonómica”.
Ambos procesados, según la juez Alegret, hicieron presentaciones ante otros Estados y organismos con el fin de obtener financiación. Igualmente, dotaron a la Agencia Tributaria catalana del sistema e-Spriu, con capacidad de recaudar, gestionar y ejecutar determinados impuestos. Unos tributos, tales como IRPF, IVA, Sociedades y otros especiales, para los que “no tenían competencias”.
Salvadó ideó un sistema para controlar los impuestos no cedidos
Con respecto a Salvadó, la magistrada ve indicios de que creó un programa de estandarización de los procesos y mecanismos propios para la tramitación de tributos y cotizaciones sociales.
El fin era “controlar y contar con la máxima información posible sobre sujetos tributarios y sobre las cuotas satisfechas de los impuestos estatales no cedidos”.
Los investigadores, según precisa la resolución, hallaron documentación que acredita “indiciariamente la participación Salvadó en la preparación de un escenario post referéndum”.
Los documentos encontrados “revelan que parte de su actividad administrativa venía realizándose en clara contravención con los mandatos del TC”.