El fin de la convocatoria era protestar y se realizó conjuntamente con otras entidades.
Jordi Sànchez, ex presidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC), ha trasladado en el juicio del procés que se celebra en el Tribunal Supremo respondiendo a las preguntas de Javier Zaragoza, fiscal del caso, que hizo un llamamiento a través de Twitter y en intervención radiofónica a la movilización ante la Consejería de Economía de Cataluña, la cual aquel 20 de septiembre de 2017 estaba siendo registrada por orden judicial.
Respecto a si su actuación fue motivada por considerar que dicha orden suponía un ataque a las instituciones catalanas, Sànchez ha reconocido que convocó “sólo para protestar” contra la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 13 de Barcelona y utilizando un lema, el de “defendamos las instituciones”, el cual no era suyo pero que compartían “en los mismos términos” otras entidades que también participaron en la protesta, citando a UGT, CCOO y rectores de las Unidos públicas de Cataluña.
Sànchez ha querido destacar la relevancia de lo acaecido “porque hoy es imposible juzgar los hechos sin tener en cuenta el entorno y consideraciones sociales y políticas que existían, esos días en Cataluña, puesto que el Juzgado 13 -que está a cargo de la investigación del 1-O- llevaba meses practicando diligencias secretas que estaban siendo muy polémicas”. El Ministerio Público le reclama a Sànchez 17 años de prisión por el delito de rebelión.
“Todo ello generó una situación de indignación y, de acuerdo con el mandato de la Asociación Nacional Catalana (ANC), decidimos convocar un acto de protesta”, ha señalado, añadiendo después que las decisiones judiciales “deben ser respetadas pero eso no las exime de ser protestadas”.
El fiscal Zaragoza ha comenzado el interrogatorio de un modo muy incisivo con el fin de esclarecer los detalles de ese día de septiembre en que sucedieron los hechos. Sànchez ha admitido que tuvo noticias del registro judicial a una hora muy temprana a través de los medios de comunicación y porque habló por teléfono con Marta Rovira, presidenta de ERC, procesada en esta causa y huida de la Justicia, a las 8:11 horas, todo ello apuntado por el fiscal.
Llegado este momento, Jordi Pina, abogado defensor de Sànchez, ha expuesto una protesta debido al interés del fiscal de hacer alusión a las manifestaciones del líder de la ANC antes de interrogarle. Después de la intervención de Manuel Marchena, presidente del Tribunal, se ha alcanzado el acuerdo de que Zaragoza preguntaría y sólo leería las declaraciones que Sànchez hizo con anterioridad si encontrase alguna contradicción.
El también ex candidato a la Presidencia de la Generalitat ha explicado que al llegar ante la Consejería vio que allí había un gran número de medios de prensa, personas protestando y algunos cargos públicos, puntualizando que eran los medios de comunicación los que estaban “en los coches” policiales -que fueron dañados ese día-. Ha indicado que no vio los coches en ese momento debido al gran número de personas que había.
“Creo que es la propia secretaria judicial la que comentó en alguna de sus declaraciones que cuando llegó la comitiva ya había dos o tres personas protestando y haciendo fotos”, ha trasladado Sànchez, considerando que “es imposible” que exista relación entre sus llamadas y la protesta.
El Fiscal ha pedido que se diera lectura a cuatro de las publicaciones que el ex presidente de la ANC hizo en Twitter esa mañana. En ellas se hacía un llamamiento a la movilización “desde la no violencia” y “pacíficamente” ante la Consejería. “Se han equivocado mucho, ellos han declarado la guerra y salimos a defender pacíficamente las instituciones”, se leía en una de las publicaciones. La cuenta esta red social era administrada por él mismo, según ha reconocido.
Ha contado, además, que alrededor de las doce del mediodía recibió una llamada de Joaquim Forn, consejero de Interior por entonces, y que le solicitó ayuda “en materia de seguridad” con voluntarios de Asamblea Nacional Catalana para que se garantizase la entrada de personas de la comitiva del Juzgado, cosa que ya se hacía previamente en movilizaciones organizadas por la ANC pero que en esta ocasión no se pudo preparar.