Ha enviado dos escritos, uno al Tribunal Supremo y otro al Constitucional.
Jordi Sànchez, ex presidente de la ANC, número dos de JxCat y, ahora, candidato a ser investido president en el pleno del Parlament del próximo 12 de marzo, ha remitido dos escritos, uno al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y otro al Tribunal Constitucional, solicitando que sea puesto en libertad provisional o que se le dé permiso para ir presencialmente al pleno. Según argumenta, si no se le permite se estarán vulnerando sus derechos personales y los de los ciudadanos, al no respetar la voluntad de un Parlament elegido democráticamente y que quiere investirle.
El abogado de Sànchez, Jordi Pina, cita el caso de Juan Carlos Yoldi, preso preventivo de ETA, que fue autorizado en 1987 para acudir a una sesión de investidura en el Parlamento vasco. “Esta defensa está convencida de que, más allá de lo que reclamen ahora ciertos partidos políticos o aventuren los medios de comunicación, el señor Instructor compartirá el mismo criterio aplicado en su día al caso Yoldi y no desautorizara aquella decisión”. “En un sistema constitucional mínimamente respetuoso con las libertades ciudadanas, riesgos difusos para el orden público no pueden legitimar nunca la anulación de derechos políticos elementales, ni alterar tampoco el sentido de la voluntad de una cámara parlamentaria elegida democráticamente”.
No hay riesgo de tumultos; respeto a la ley
Pina continúa argumentando su petición, diciendo que “desautorizar el criterio aplicado en el único precedente español de 1987, supondría, con los debidos respetos, una triste involución en materia de respeto a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, además de un grave perjuicio para la democracia y el pluralismo político”, reafirmando que su defendido sigue estando en plena posesión de sus derechos políticos. En el caso que cita, “la asistencia al pleno se desarrolló con absoluta normalidad del sistema constitucional español pudo dar una lección al mundo de respeto a los derechos humanos y a la democracia”, por lo que rebate “el peligro para la seguridad pública que puede entrañar la conducción del candidato a la sede parlamentaria.
El abogado recuerda “la muestra evidente de la voluntad no sólo personal, sino de todo su grupo parlamentario, de respetar las decisiones del Tribunal Constitucional, aunque no se comparta su contenido”, en alusión a la retirada de la candidatura de Carles Puigdemont después del pronunciamiento cautelar del más alto tribunal. “Si realmente la voluntad de mi mandante hubiera sido la de rebelarse violentamente, es evidente que en ningún caso se hubiera optado por concurrir a las elecciones o presentar un candidato alternativo”.