Inaudita sentencia a ‘La Manada’

La condena se queda en nueve años de cárcel por “abuso sexual continuado”.
Inaudita, sorprendente, cuanto menos, la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra en la que se condena a José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual continuado y no por agresión sexual, como pedía la Fiscalía, que habría implicado penas de 22 años. Han sido cinco meses de deliberación y el resultado de un “tribunal dividido” que dicta este veredicto, incluso, con un voto particular de uno de los jueces que pide la absolución. También son condenados a indemnizar de manera “conjunta y solidaria” a la víctima con 50.000 euros y 1.531 al Servicio Navarro de Salud, además de la inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo que dura la pena, y se les impone cinco años de libertad vigilada a cada uno de ellos. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, pero será, seguramente, el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra.
Tras conocerse la sentencia decenas de manifestantes se han congregado frente a la sede del tribunal para protestar contra ella. Cabe preguntarse qué es lo que tiene que suceder para que se reconozca una violación. Ese era el ánimo de la multitud allí reunida. “No es abuso, es violación” ha sido el grito más escuchado en las inmediaciones de la Audiencia de Navarra, mostrando la indignación y la frustración de la gente movilizada, entre las que se encontraban algunos colectivos de mujeres. “Tendrían que haber sido condenados a 25 años por violación, que es lo único que se merecen”, decía una de las allí presentes.

Existió “la violencia mínima”
La fiscal Elena Sarasate pedía para los cinco acusados 22 años de prisión para cada uno por cinco delitos continuados de agresión sexual, otro contra la intimidad, al haber sido grabada en vídeo con el móvil, y un tercero por robo con intimidación, al quitarle el teléfono a la joven y evitar que pidiera auxilio. Sarasate indicó, en el último día del juicio, que el testimonio de la denunciante era creíble objetivamente, asegurando que en lo sucedido se encontraban los elementos necesarios para considerarlo una agresión sexual, ya que existió la violencia mínima y hubo intimidación gravísima que impidió la defensa de la víctima, con hombres por delante y por detrás. La tesis de la Fiscalía estaba más en sintonía con el esfuerzo de la sociedad, la judicatura y los legisladores para conceptualizar la violencia de género como una parte importantísima de la protección de las mujeres en la democracia.
Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra se personaron como acusación popular y pedían penas de 26 años de cárcel. Sus abogados entienden que los vídeos grabados por los acusados son una prueba evidente de la agresión y que algunas de las imágenes eran la “expresión gráfica de la vileza” de los miembros de La manada.