IMV: sólo una de cada cuatro solicitudes se ha aprobado

IMV: sólo una de cada cuatro solicitudes se ha aprobado

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha informado de que se ha aprobado sólo un 27% de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Además, hay casi 100.000 pendientes de resolver.

Según un comunicado, la complejidad de los procedimientos y los requisitos explican que la medida haya tenido tan escaso alcance.

Así, esta asociación considera que sólo el 8% de la población bajo el umbral de la pobreza se beneficia de esta prestación. Es decir, sólo ha llegado a 799.203 personas.

Además, señala que existen grandes desigualdades de cobertura del IMV en función de los territorios. Por tanto, algunas comunidades cuentan con una cobertura menor del 6%. Es el caso de Cataluña, con un 4,9%, o Canarias, con un 5,5%.

Pero también, Extremadura (5,6%), Baleares (5,8%) o Castilla y León (5,95%). En cambio, en Navarra la cobertura llega al 22,2%, o en Melilla al 20,3% y en Ceuta, al 19,4%.

Según los datos de octubre del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que analiza la asociación, “esta cifra no responde a las expectativas depositadas en este nuevo derecho subjetivo”.

Tampoco “a las necesidades de la población más afectada económicamente por las consecuencias de la pandemia”, sostiene. No obstante, reconoce que los cambios introducidos sucesivamente han posibilitado que se incremente el ritmo de resoluciones.

No en vano, en 2020 las concesiones de la prestación fueron del 15,3%, mientras que hasta marzo de 2021 fueron del 27,9%. Hasta setiembre, el 30,4%.

Precisamente, hasta ese mes se recibieron 1,45 millones de solicitudes. De ellas, el 91% eran expedientes válidos. Asimismo, desde que se puso en marcha la medida, se tramitaron 1,24 millones de solicitudes, pero quedan 97.513 todavía sin resolver.

Por su lado, de las resueltas, 337.000 fueron en sentido positivo, pero se rechazaron 888.000. La cartera que dirige José Luis Escrivá admite que el rechazo al 60% se debe a que no cumplían el criterio de vulnerabilidad.

Esto es, que superaban los umbrales de renta y patrimonio, puesto que se tenía en cuenta la renta de 2019. A su vez, otro 10% se denegó por falta de acreditación de la unidad de convivencia. Para ello, se debe aportar el padrón histórico colectivo.

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