La constructora FCC ha sido imputada como persona jurídica por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales por pagar más de 82 millones de euros en comisiones para ser la adjudicataria de la construcción de líneas de Metro y la Ciudad de la Salud de Panamá.
Ha sido a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha dirigido el procedimiento contra FCC Construcción S.A., FCC Construcción Centroamérica S.A. y Construcciones Hospitalarias, S.A. Se ha concedido cinco días de plazo para que las mercantiles designen representante, abogado y procurador.
La causa fue abierta en 2017 por una querella contra el asesor jurídico de la brasileña Odebrecht por un presunto delito de blanqueo, cohecho y organización criminal cometido entre 2009 y 2015.
Según las investigaciones, esta multinacional se habría servido de sociedades pantalla españolas para el blanqueo de capitales procedentes de supuestos sobornos que habrían pagado las constructoras a cambio de recibir adjudicaciones de grandes obras.
Según el escrito del juez Moreno, reflejo del relato de la Fiscalía, las tres mercantiles de la constructora controlada por el magnate mexicano Carlos Slim -en la fotografía- constituyeron un consorcio con la compañía brasileña para concursar en la adjudicación de obras en Panamá. El consorcio fue el único adjudicatario de dos líneas de metro de Panamá.
Las autoridades suizas han confirmado los indicios de la investigación, por la cual, según el documento del magistrado y de Anticorrupción, altos directivos de FCC y personal de Odebrecht diseñaron un esquema de corrupción repetido.
Este consistía en sobredimensionar el suministro de acero preciso para la construcción del metro panameño, facturando el doble de su precio normal. De este modo, habrían logrado fondos para abonar sobornos a empleados y dirigentes políticos de Panamá.
El dinero desviado se canalizaba a través de sociedades pantalla que eran administradas por directivos de las mercantiles de Slim y de la multinacional brasileña. Éstos ya han prestado declaración en calidad de investigados por unos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.
Los investigadores judiciales recibieron en enero la información de una rogatoria suiza sobre los hechos objeto de investigación. En ella figuraba la advertencia de un banco de Lugano que alertaba de los perfiles de riesgo de las operaciones que habían sido llevadas a cabo por estos grupos empresariales.
De acuerdo con esta información, gestionaban varias cuentas, sociedades y clientes con indicios de autocontratación entre ellos y con carácter instrumental, además de que no contaban con recursos ni trabajadores, ejecutando un volumen millonario de facturación cuyos fondos circulaban por estas cuentas.
FCC aportó 38 facturas y transferencias en dos denuncias interpuestas ante Anticorrupción acerca de los acuerdos comerciales relacionados con lo investigado. Éstas fueron libradas desde la compañía al entramado objeto de investigación y el importe alcanzaba casi 83 millones de euros entre 2010 y 2014 por servicios no prestados y para cubrir pagos por presunta corrupción.
En el auto del magistrado de la Audiencia Nacional se explica que la denuncia de FCC evidencia que varios altos directivos participaron en los acuerdos de supuesta corrupción en referencia a 13 obras de infraestructuras licitadas en Costa Rica, Nicaragua, Panamá y El Salvador.
El juez Moreno razona que la responsabilidad penal “debe trascender a la compañía porque no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa”.
Asimismo, señala el auto, quienes actuaron eran “altos ejecutivos de la cúpula directiva de FCC CO, con distintos niveles de dirección y responsabilidad en distintas filiales y en la matriz, actuaron desviadamente durante cuatro años, periodo temporal en el que se comprometió el pago de más de 82 millones de euros, a través de transferencias de las propias cuentas de la mercantil FCC CO, contabilizadas y visadas con varias firmas y autorizaciones de su cúpula directiva”.
“No se definió una ética de empresa, ni existieron instrumentos de prevención dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente”, asegura el juez. “Los indicios revelan una transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contratación internacional”, añade.
En consecuencia, convoca a las tres mercantiles que “presumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostes en los contratos del suministro del acero para los proyectos del Metro de Panamá y Ciudad Hospitalaria de Clayton”.
Por último, destaca que fueron “fondos que fueron destinados a los presuntos pagos de corrupción a través de una secuencia de sociedades instrumentales y circuito de cuentas bancarias para acabar abonando esas ganancias ilícitas en pagos de corrupción encubiertos como comisiones comerciales y a terceros responsables políticos y empleados públicos”.