Las investigaciones por prevaricación se acumulan en los contratos con irregularidades realizados por JxCat. Está previsto que el 22 de julio, Eduardo de Porres, magistrado del Tribunal Supremo, tome declaración a Laura Borrás.
La diputada de Junts per Catalunya declarará en calidad de investigada por delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Dichos delitos pudieron cometerse cuando Borrás fue directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).
Borrás posee la condición de aforada por ser diputada. La semana pasada el Gobierno autorizó al juez instructor del caso a abrir la investigación. Dicha investigación abarca irregularidades que aparecen en 18 contratos de JxCat.
La cuantía de los contratos asciende a 259.863 euros, siendo beneficiario Isaías Herrero, amigo personal de la diputada. La instrucción comenzó en un juzgado de Manresa hasta que fue remitida al Tribunal Supremo.
La instrucción de Eduardo de Porres señala a una presunta prevaricación en resoluciones que dictó Borrás. En ellas, se omitió de modo injustificado los trámites esenciales del procedimiento administrativo. Según el instructor, necesita escuchar la declaración de la diputada. Puesto que, todo “carece de toda explicación jurídica y evidencia la exclusiva voluntad de favorecer los intereses” de su amigo Herrero.
La investigación a Laura Borrás comenzó en un Juzgado de Manresa en 2017. Isaías Herrero estaba siendo investigado por un presunto delito de falsificación de moneda. Más tarde se sumarían otros de falsedad documental y tráfico de drogas.
Dentro de esta causa, se estudiaron conversaciones telefónicas de Herrero en las que se reproducía la necesidad de realizar facturas.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona continuó la investigación por prevaricación
La investigación por prevaricación continuó en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona. Este juzgado reconoció el “modus operandi seguido en el periodo 2014-2017 consistente en dividirla contratación del servicio en contrato menores de menos de 2018”. Puesto que en aquel momento Borrás era diputada, este tribunal elevó la causa al supremo, al tratarse de una aforada.
Analizados unos correos enviados entre 2013 y 2014 se encontró la clave. En ellos, la diputada de JxCat daba claras instrucciones a Herrero sobre cómo actuar. La investigación por prevaricación traslada que lo hacía de “forma muy explícita”.
Sumado a ello, una de las empresas que licitó por los contratos irregulares, Lab Hermeneia, fue creada anteriormente por Borrás. Pero la adjudicación al final fue para una empresa de Herrero. Existen más indicios de que Herrero y Borrás actuaban conjuntamente. Por ejemplo, por el fraccionamiento ilegal de esos contratos.