El caso Lezo avanza y en esta ocasión, Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid, será procesado por los supuestos delitos de malversación y fraude en la compra, con fondos públicos del Canal de Isabel II, de la empresa brasileña Emissao.
Ha sido el juez instructor Manuel García Castellón quien ha resuelto enviar a juicio a González y a otras seis personas por el presunto perjuicio económico de entre 6,4 y 9,6 millones de euros a la Comunidad de Madrid por dicha operación.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional atiende, así, a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para que se concluyera la instrucción de esta pieza separada acerca de la adquisición de la compañía brasileña y el supuesto reparto de comisiones.
También pedía la Fiscalía el procesamiento de Edmundo Rodríguez Sobrino, número dos del ex mandatario madrileño y ex presidente de Inassa, así como de Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta, María Fernanda Richmond, ex directora del Canal, Ramón Navarro, ex director de otra filia, y Sebastiao Cristovam, representante de Emissao.
García Castellón entiende que se puede cerrar la instrucción de la segunda pieza del caso Lezo. En su auto de procesamiento, el juez razona que el proceso de compra de Emissao –se inició en 2012 mediante Canal Extensia e Inassa- estuvo “plagado de ilicitudes y supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de la Administración autonómica por un importe entre 6,4 y 9,6 millones de euros, debido al sobreprecio pagado por su adquisición”.
Según el magistrado, el plan fue “ideado” por González, Rodríguez Sobrino, Diego Fernando García Arias, Moro y Navarro. “Habrían pactado repartirse 5,4 millones de dólares (más de 4,8 millones de euros) en comisiones ilegales con cargo a dicho sobreprecio”, indica en la resolución.
Cristovam prestó su “colaboración especial” y “se avino a incrementar el precio de la venta con el solo fin de facilitar el reparto de los fondos públicos”.
Un proceso en el que también contaron con el “beneplácito” de Richmond, que conocía “las circunstancias de la operación, facilitó su tramitación, ocasionando un grave perjuicio” al Canal “por cuyos intereses debía velar”.
“Su actuación fue esencial para conseguir las preceptivas autorizaciones, pues, tras ocultar al resto de consejeros todos los detalles de esta operación, permitió que votaran favorablemente”, reza el auto.
García Castellón afirma que “a pesar de disponer de un dossier explicativo de la operación, elaborado entre los meses de enero y marzo de 2013 por personal vinculado a Inassa y KPMG, que desvelaba las graves deficiencias existentes en la información financiera y contable suministrada por el vendedor, su sobrevaloración, el sobreprecio que se disponían a pagar, situado en ese momento en torno a 30 millones de dólares, así como la necesidad de realizar un procedimiento de evaluación más profundo que proporcionara una imagen clara de los posibles riesgos financieros, fiscales y laborales, obviaron deliberadamente todas estas advertencias y continuaron con la operación”.
El contrato por el que se compraba Emissao se firmó a finales de 2013. Su precio fue de más de 26,6 millones de euros, que fueron abonados a Cristovam en enero de 2014. Éste transfirió desde Suiza las comisiones ilegales acordadas -5,4 millones- a varias cuentas abiertas en el extranjero a nombre de alguno de los investigados y sus sociedades interpuestas.
González habría percibido 1,6 millones de euros, a la vez que Rodríguez Sobrino, García Arias, Navarro y Moro habrían recibido 813.400 euros cada uno. No consta que Richmond percibiera comisión alguna.
El juez entiende que hay motivos para enjuiciar a los siete investigados, pero dicta el sobreseimiento de la causa en cuanto a otras cuatro personas investigadas durante estos dos años y medio de la instrucción.