Lo ha decomisado Audiencia Nacional en colaboración con la justicia panameña y colombiana.
Como había revelado este periódico, Diario Progresista, Ignacio González ha colaborado con la justicia a cambio de su libertad provisional. Confesar los nombres de los testaferros, identificar propiedades y, sobre todo, entregado en metálico lo recibido de las comisiones, ha sido suficiente para decretar su libertad provisional.
Con la confiscación de todo el patrimonio del ex presidente madrileño obtenido, supuestamente, con actividades delictivas, los investigadores de la operación Lezo dan por finalizada la parte más importante de esta investigación. En total se han incautado 5,4 millones de dólares en metálico, unos 4,6 millones de euros, y varios bienes inmuebles aún por cuantificar. Este paso decisivo era clave para permitir la libertad condicional de Ignacio González porque disminuye de forma considerable el riesgo de destrucción o alteración de pruebas y el riesgo de fuga.
La semana pasada, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón viajó a Colombia junto al fiscal Anticorrupción, Carlos Yáñez, tomando declaración a un testigo clave, que no solo admitió y aportó pruebas de que González estaba al frente de la compra de la empresa brasileña Emissao, que provocó un agujero de 25 millones, sino que ofreció detalles importantes del entramado empresarial.
Gracias a la colaboración panameña y colombiana, las cuentas han quedado bloqueadas y se ha identificado e inmovilizado patrimonio inmobiliario de González a nombre de testaferros. El dinero ha sido puesto a disposición de la Justicia española, pero Colombia entiende que le corresponden parte de las propiedades porque también el país se ha visto perjudicado por las actividades delictivas de González.