El inesperado giro que ha dado Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, a los acontecimientos, designando a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, para sucederle en la dirección de Podemos y en la vicepresidencia segunda abre un escenario completamente nuevo.
Por su parte, Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo, no sólo no pone impedimento, sino que, al aceptarlo, está reconociendo que hay una vicepresidencia que representa a Unidas Podemos en el Gabinete.
Todo parece encaminado, aunque queda por despejar la incógnita de cómo se establecerá el equilibrio de poder. Sobre todo, en lo que a Nadia Calviño, vicepresidente tercera, respecta.
La ministra de Economía es quien supervisa las decisiones económicas del Ejecutivo, aunque Sánchez no parece que vaya a frenar el ascenso de Díaz.
Con ese movimiento, Iglesias ha querido poner en un puesto clave en las relaciones internas a una maestra de las negociaciones. No obstante, el todavía vicepresidente segundo también ha querido dejar claro que sigue mandando en la formación morada, designando a dedo a su sucesora.
No en vano, la elección de la titular de Trabajo tiene todo el sentido. Aunque fuera la artífice de hacer volar por los aires el Pacto de Toledo cuando solo faltaban las firmas, lo ha sido también de una de las grandes patas del escudo social a causa de la epidemia: los ERTEs.
Lejos de socavarse su popularidad ante una crisis económica y social sin precedentes, Díaz es el miembro del Gabinete mejor valorado. Goza de la simpatía de los ciudadanos y del respeto de patronal y sindicatos.
Su talante negociador ha llevado a conseguir grandes logros en una época de enorme confrontación política. Ha logrado pactar con los representantes de los trabajadores y con los de las empresas en el marco del diálogo social.
Sigue pendiente uno de los compromisos prioritarios de Iglesias
Además de los ERTEs, ha regulado el teletrabajo, los riders y pactado la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Ha sido la encargada de diseñar y canalizar los más de 40.000 millones de euros para los ERTEs con financiación en buena parte de la Unión Europea.
No obstante, uno de los compromisos adquiridos por Iglesias y que entró de lleno en el acuerdo de gobierno queda lejos de poderse resolver. No es otra cosa que la reforma laboral. Ahí está uno de los principales escollos que tendrá que afrontar Díaz.
En ese sentido, Calviño se resiste al considerar que resulta imprescindible mantener algunos avances que introdujo el PP. Por el momento, la titular de Trabajo espera, evitando, así, conflictos internos que puedan quebrar el diálogo social.
Cuando Unidas Podemos, PSOE y Bildu pactaron derogar con urgencia la reforma laboral, la ministra de Economía se apresuró a romper el acuerdo. Iglesias reaccionó con dureza, pero Díaz cerró filas con el Gobierno y apagó el incendio. No tocaba.
Ese movimiento le granjeó consolidar su imagen de persona conciliadora y negociadora. En los posteriores encontronazos ha mantenido igualmente su postura de que esas discusiones se dirimen en el seno del Ejecutivo. De ese modo, volvía a consolidar su figura de consenso.
En la trastienda, en cambio, Yolanda Díaz tiene ante sí el gran reto de derogar la reforma laboral de 2012. Por ahora, evita sacar la contrarreforma del congelador con tal de no perjudicar el frágil diálogo social.
Las posturas de patronal y sindicatos son, no sólo distantes, sino casi irreconciliables. Así, mientras no haya acuerdo social, no podrá legislar porque Calviño, que a la postre tiene la sartén por el mango, no lo permitirá. Veremos.