Hace poco más de un mes que el juez Manuel García Castellón, instructor del caso Villarejo, retiró la condición de perjudicado a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, en la pieza Dina. Ahora, Iglesias ha recurrido ante el la Sala de lo Penal del Audiencia Nacional el auto que le retiraba esa condición.
Sostiene la defensa del vicepresidente segundo que tras lo investigado hasta el momento no se puede llegar a la conclusión de que devolviera con daños al regente su teléfono móvil a su asesora Dina Bousselham. Ella había declarado que “inicialmente funcionaba” y que no se le ocultó.
En opinión del también líder de Podemos, que ciertos medios de comunicación publicarán el contenido de la tarjeta el móvil fue utilizada “para tratar de desacreditarle, siendo perjudicado de dichas actuaciones, por lo que se debe mantener su condición de perjudicado”. Por este motivo, indica la defensa, debe seguir en este procedimiento de esta pieza separada del caso Villarejo.
En esta ocasión, el recurso lo firmara un abogado diferente al habitual, que era Marta Flor. Esta representa a la ex asesora de la formación morada. Sobre ese hecho ya había advertido, desde “conflicto de intereses”, el Juzgado Central de Instrucción número 6.
La defensa de Iglesias reitera que no se ha podido “probar aún que el robo del móvil” de la ex asesora “fuese un hecho casual o una actuación deliberada, encaminada a obtener información sensible, privada e íntima” del líder de Podemos. Añade, “a los efectos de perjudicarle políticamente, y por tanto, sin que pueda descartarse esa hipótesis”.
El caso Villarejo, una macrocausa contra el crimen organizado
En esa macrocausa se investiga una organización criminal dirigida por José Manuel Villarejo. Éste, señala el recurso, “presuntamente recibía encargos y uno de ellos era, presuntamente, participar en maniobras de intoxicación informativa, e inclusive en algunos casos creación y difusión de campañas mediáticas de desprestigio”.
Agrega que “dada la correlación de fechas y de indicios citados, todas las actuaciones ocurridas desde el robo del móvil, gravemente perjudiciales para Podemos y sus miembros, particularmente a Iglesias, las publicaciones que realizan los medios de comunicación, no cabe duda que no existe elemento que haya decaído que haga perder al mismo la condición de perjudicado”.
En opinión del representante de Iglesias, el juez instructor ha llegado a algunas conclusiones “carentes de base fáctica indiciaria alguna, así como de base jurídica”.