Se trata de la pieza de la trama relacionada con el ‘chivatazo’ a Francisco Granados.
Hoy comienza en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el primer juicio sobre la trama Púnica, en concreto la relacionada con el chivatazo que dos guardias civiles dieron a Francisco Granados, ex secretario general del PP, advirtiéndole de que le estaban investigando. Los tres se enfrentan a una posible condena de tres años de cárcel. Se inicia así la vista oral en la que declararán Granados y los dos guardias civiles, José Manuel Rodríguez Talamino y José Luis Caro Vinagre, por los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos.
Para la Fiscalía, Talamino facilitó a Granados información reservada sobre la investigación al empresario David Marjaliza. “Dicha difusión obstaculizó y entorpeció gravemente el curso de la investigación que llevaba a cabo el Grupo de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil, menoscabando la prestación de ese servicio público y causando un importante daño a la causa”, asegura el Ministerio Público.
Ocultaba el dinero en casa de familiares y amigos
El escrito de la Fiscalía indica que Granados “se aprovechó de la información en su propio beneficio para ocultar sus propias ganancias ilegales, escondiendo el dinero en efectivo no declarado en domicilios de amigos y familiares”, tal como queda demostrado, según el Ministerio Fiscal, porque “una parte de los beneficios ilícitos ocultados fue localizado en un altillo de la habitación de los padres de su esposa María Nieves Alarcón”. Marjaliza “acopió toda la documentación incriminatoria archivada en la sede central de sus empresas, destruyéndola”, asegura la Fiscalía, además de retirar y esconder “el dinero en efectivo que guardaba en la caja fuerte”, dinero con el que “retribuía a alcaldes o anticipaba en nombre de la sociedad Cofely”. También “ocultó documentación que le relacionaba con su circuito financiero extranjero”, asegura la Fiscalía.
Los imputados “adoptaron precauciones intensas y eficaces al conocer que se investigaban delitos de corrupción, disminuyendo la frecuencia de las llamadas y evitando pronunciarse sobre temas de interés a través de los teléfonos”, provocando pérdida de información ya que el grupo investigador se vio obligado a reducir la actividad operativa por seguridad.