Han pasado más de 5 años de instrucción y se sientan en el banquillo 34 acusados.
Hoy comienza el juicio de Bankia, uno de los más esperados del año y el más importante de la democracia frente a los bancos. En la Audiencia Nacional, después de más de 5 años de instrucción, se sentarán en el banquillo 34 personas físicas y jurídicas por las presuntas irregularidades de la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011.
El más destacado de los acusados es Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno, ex director gerente del FMI ex presidente de Bankia. Para él se piden 12 años y medio de cárcel. Si la sentencia falla en su contra, la condena se añadiría a la que ya cumple en Soto del Real por apropiación indebida por las tarjetas black de Caja Madrid.
José Luis Olivas, ex vicepresidente de la entidad, también se sentará en el banquillo, y se pide para él hasta 12 años de prisión, lo mismo que para José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú Pons, exconsejeros. Igualmente, está acusado Ángel acebes, ex ministro del interior, y él empresario Javier López Madrid. Así, hasta 34 acusados, entre los que se encuentra el auditor de Deloitte, Francisco Celma, la propia consultora, Bankia y Banco Financiero y de Ahorros, matriz de la entidad bancaria.
No obstante, las actuaciones de la Fiscalía se dirigen tan solo a cuatro: Rato, Olivas, Fernández Norniella y Verdú Pons, para quienes pide cinco, cuatro, tres y dos años y siete meses, respectivamente. Los otros 30 acusados lo son por acusaciones populares y privadas personadas en el proceso.
El fiscal sostiene que el ex presidente de Bankia ocultó conscientemente la “inconsistencia del proyecto” de la salida de la entidad a Bolsa, sabiendo que “los inversores estaban recibiendo información incompleta” al ocultarles la “situación crítica” de Bankia. Se hizo valer de su “prestigio” por su labor en el Gobierno en el FMI para lanzar un “ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas muy alejadas de la realidad”.
A los otros tres, la Fiscalía les atribuye un delito de falseamiento de la información económico-financiera en los folletos emitidos para captar inversores. Según el Ministerio Público, en la salida a Bolsa se cometieron delitos de falseamiento de cuentas y estafa de inversores.