La provincia autónoma de Hong Kong se ha convertido en las últimas horas en el escenario de duras cargas policiales contra los miles de manifestantes acampados en el distrito financiero en protesta por la reforma de la ley de extradición por la que sospechosos de determinados delitos podrían ser extraditados a la China continental.
Desde la noche del pasado martes, hora local, miles de personas comenzaron a concentrarse y a ocupar Harcourt Road, una importante carretera cercana a las oficinas del Gobierno hongkonés, con el objetivo de lograr que Carrie Lam, jefa del Ejecutivo de la provincia autónoma, renuncie a la Ley para Delincuentes Fugitivos.
Uno de los promotores de las protestas, un el ex diputado Leung Kwok Hung, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a ir a la huelga general. “Tenemos traidor es que quieren vender Hong Kong, pero también tenemos a los hongkongneses”, proclamó.
Alrededor de 30.000 agentes se desplegaron en un operativo de seguridad parecido al que se prepara ante la visita de altos cargos chinos. Al principio, la policía se mantuvo vigilante, pero finalmente intervino, utilizando gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma. En respuesta, los manifestantes gritaban: “¡Echad gasolina, hongkongneses!”, protegiéndose con paraguas y gafas de buceo y animando a la resistencia. Cuando estas primeras carreras llevaron a los congregados a las puertas de la sede del Consejo Legislativo, algunos diputados han salido a asistirlos con pañuelos y agua.
Una vez dispersados los manifestantes del centro de las protestas, varios grupos se atrincheraron en el edificio Far East Financial Center. Varios conductores ayudaron a los ciudadanos que huían bloqueando los accesos y, así, la persecución policial. Incluso, el Metro permitió la entrada libre.
Como consecuencia de los enfrentamientos, ha habido 22 heridos, entre ellos un conductor con una herida en la cabeza. Según ha manifestado el comisario Stephen Lo Wai, “no hemos tenido más opción que usar las armas para cesar estas protestas”. “Esto es ahora una revuelta”, añadió, para luego aconsejar: “Urgimos a la gente a no hacer nada que puedan lamentar el resto de sus vidas”. Los manifestantes pueden ser acusados y condenados a hasta diez años de cárcel.