Sobrecoge leer en la prensa que el fallecimiento de una anciana jueza de aspecto enjuto concitase a unos dos mil jóvenes ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Según he leído en El Mundo, se cantaron durante esa vigilia en honor a su memoria canciones como Imagine, de John Lennon ¿Qué magistrada octogenaria pudo levantar semejantes pasiones entre la juventud estadounidense? Nadie sino Ruth Bader Ginsburg, cuya vida se apagó el pasado viernes 18 de septiembre a los 87 años, tras una dura lucha contra un cáncer de páncreas.
Para quien no sepa de quién estoy hablando, le diré que me refiero a todo un icono feminista en USA, una rompedora de barreras legislativas discriminatorias y techos de cristal. Fue la segunda mujer en el Tribunal Supremo, institución a la que llegó de la mano del Presidente Clinton en 1993 y en donde llegó a liderar de facto al sector progresista de dicha Corte. Abrazó durante su vida muchas más causas progresistas, como los derechos de las personas inmigrantes y los denominados dreamers; y su vida ha sido merecedora de una película, un documental y un libro.
Casi tanta pena como su muerte me da el hecho de que, aun con su cadáver caliente, Trump y la mayoría republicana en el Senado estadounidense han abierto la batalla para sucederla en la Corte Suprema por un cálculo meramente “politiquero”. Me explico: con la vacante que deja Ginsburg en el Supremo, el sector conservador gana al progresista en dicha Corte por 5 a 3. Si Trump nomina y el Senado ratifica a una nueva jueza conservadora -digo jueza porque Trump ha afirmado que querría incorporar a una mujer-, la mayoría conservadora sería enorme, de 6 a 3. Teniendo en cuenta que el cargo de juez en el Supremo estadounidense es vitalicio, el Partido Republicano, en contra de su propio criterio anterior; podría garantizar en el más alto tribunal de USA, a poco más de un mes de las elecciones y aunque no fuese reelegido Donald Trump, una mayoría conservadora que podría durar décadas, lo cual no es cuestión baladí, toda vez que en USA rige un sistema de revisión judicial de las leyes -sistema de judicial review- en el que la Corte Suprema tiene la última palabra sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley.