La previsión del Ministerio de Hacienda es aprobar una nueva plusvalía municipal mediante un real decreto ley y con carácter retroactivo. Fuentes ministeriales así lo han trasladado.
La idea es llevar a la mayor brevedad posible el texto legal “al Consejo de Ministros para corregir los elementos inconstitucionales”. De este modo, se pretende dar “tranquilidad y seguridad a los contribuyentes y a la financiación de entidades legales”.
La propia María Jesús Montero, ministra de Hacienda, se ha manifestado en esos términos y lo ha defendido el Congreso al poco de que se conociera la sentencia.
El pasado 26 de octubre, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el método de cálculo de la plusvalía. Por tanto, mientras no haya una nueva normativa, los ayuntamientos no podrán cobrar este tributo.
También el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha propuesto a un nuevo tributo para sustituir al de plusvalía.
Así las cosas, la idea de del departamento de Montero es utilizar la vía más rápida legislativa, es decir, el real decreto ley. De este modo, la norma entra en vigor con su publicación en el BOE, un solo día después de que lo probé el Consejo de Ministros.
En cambio, no todos los juristas coinciden en que sea el mejor método. Recuerdan que la Ley General Tributaria establece que lo referido a impuestos necesita de un proyecto de ley. Por tanto, ven el horizonte problemas jurídicos con un nuevo impuesto. De hecho, podría conllevar su anulación de nuevo.
Así, el modo de salvar los obstáculos jurídicos consiste en tramitar el nuevo impuesto como un proyecto de ley. Utilizar el real decreto ley permite que haya estado en vigor durante un tiempo, si bien lo más probable es que el Constitucional lo tumbe.
Respecto a la retroactividad, ésta es posible y, ante hecho, hay precedentes. Es el caso de Guipúzcoa, que ajustó a la nueva plusvalía después de la sentencia del tribunal de garantías en 2017. Es decir, hicieron sus deberes.
Asimismo, juega a favor de la retroactividad el agravio comparativo para que nos vendan cuando esté vigente la nueva norma. No obstante, se llega a barajar la posibilidad de dejar una laguna legal desde la declaración de inconstitucionalidad del pasado viernes.