El pasado domingo se celebraron en Venezuela elecciones legislativas, unos comicios sobre los que sobrevolaban muchas dudas desde su convocatoria. El hecho de que los principales partidos de la oposición no se presentaran a modo de boicot ya eran un indicador de la situación.
Con una participación que no ha llegado al 31%, la alianza de partidos que respalda a Nicolás Maduro, presidente de facto de Venezuela, obtuvo casi el 70% de los votos.
Así las cosas, el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, formado por 14 países más la Unión Europea, no reconoce el resultado de las elecciones. Salvo dos, Argentina y Bolivia, los demás suscriben un comunicado.
Alemania, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Italia, la Unión Europea, Países Bajos, Panamá, Portugal, Suecia, Reino Unido, la UE y Uruguay consideran que el proceso no cumplió con las condiciones básicas y los estándares internacionales. No se le puede considerar creíble, inclusivo y transparente. Tampoco contó con los requisitos mínimos de la propia legislación venezolana.
En opinión del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela el resultado de las elecciones no representa la voluntad de los venezolanos. En consecuencia, no lo reconoce y pide redoblar los esfuerzos de “entendimiento común”. Todo ello para regresar a la democracia y el Estado de derecho en el país caribeño.
La comunidad internacional ya pidió elecciones libres y transparentes en Venezuela
Ya en setiembre, los países que conforman este Grupo manifestaron que la única solución sostenible pasaba por una salida política, pacífica y democrática. Ello incluye elecciones legislativas y presidenciales libres y transparentes.
Tampoco la Organización de Estados Americanos, así como Estados Unidos, reconoce los resultados de estos comicios del pasado domingo. A partir de aquí se abre una nueva etapa en la que habrá que definir el futuro de Juan Guaidó, presidente de la anterior Asamblea.
El mandato del autoproclamado ‘presidente encargado’ de Venezuela expira el próximo 5 de enero. La UE se da un plazo hasta entonces para clarificar su relación con la Asamblea Nacional Venezolana. La intención es recabar el mayor consenso posible a nivel internacional sobre este asunto.