Sigue incendiada la localidad mexicana de Tapachula, en el suroeste de Chiapas, donde se han vivido graves enfrentamientos entre la Policía y migrantes en su mayoría africanos. Estos llevan más de dos meses esperando a ser atendidos por las autoridades migratorias.
Los graves altercados comenzaron después de que, según algunos testigos, un agente de la Policía Federal saltó, golpeó y, supuestamente, robó un móvil, un anillo y dinero a un migrante angoleño que estaba en el campamento.
Miembros de la Guardia Nacional, recién creada y compuesta por marinos, militares y policías federales, sitiaron la entrada al centro migratorio Siglo XXI con el objeto de impedir nuevos actos de violencia. También trataron de entablar un diálogo con los migrantes.
En cambio, estos siguieron con las protestas, provocando disturbios y choques con los agentes, al grito de justicia para su compañero agredido.
Con todo, las versiones varían. Hay quienes dicen que fue un policía municipal, no federal, el agresor, según relató a EFE Luis García Villagrán, activista y defensor de los migrantes.
García Villagrán ha indicado que “hay un registro de 1.500 africanos, igual de cubanos, haitianos y centroamericanos, que están dispuestos a caminar”.
Los migrantes en esta estación migratoria cerca a la frontera con Nicaragua reivindican que el Instituto Nacional de Migración agilice los trámites para reiniciar su marcha hacia la frontera estadounidense.
Se da la circunstancia de que México y Estados Unidos han llegado a un acuerdo migratorio bajo la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones mexicanas.
En consecuencia, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador envió la Guardia Nacional a las fronteras norte y sur de México y contrató más personal migratorio. Debido a ello, el flujo de migrantes se redujo notablemente.