Según la Constitución, es «competencia exclusiva del Estado».
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha enviado una carta a Miquel Buch, conseller de Interior de la Generalitat, en el que recuerda que la seguridad pública, de acuerdo con el artículo 149.1.29 de la Constitución, es “competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de la posibilidad de la creación de policías por parte de las Comunidades autónomas”.
Asimismo, en la misiva, se hace referencia al artículo 38 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por el que se establecen las competencias que las comunidades autónomas ejercerán en colaboración con el Estado.
Así, una de ellas sería la de “vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas”.
Derecho a hablar sobre seguridad
De este modo, el ministro del Interior defiende, citando varias leyes, que se mantenga en el orden del día de la Junta de Seguridad entre las dos administraciones el punto primero, “Análisis general de la Seguridad Pública en Cataluña: en el espacio público”.
Con ello, Marlaska reclama para su ministerio el derecho a hablar con el Gobierno catalán de cuestiones importantes de orden público y, más en concreto, acerca del conflicto suscitado por la retirada de lazos amarillos y símbolos independentistas colocados por algunos ciudadanos en lugares públicos en protesta por el mantenimiento en prisión de los políticos catalanes acusados del delito de rebelión.
La propuesta inicial de celebración de esta reunión era entre el 3 y el 7 de septiembre. El titular de Interior responde con esta carta a la que el conseller le remitió y en la que se oponía a incluir ese punto en el orden del día.
Buch excluía el punto primero en su respuesta
“Agradecemos el interés que expresa esta propuesta, pero consideramos necesario remarcar que la seguridad ciudadana y el orden público en Cataluña son competencias exclusivas de la Generalitat y se ejerce mediante los Mossos d’Esquadra y la función de autoridad gubernativa de acuerdo con la normativa vigente”, rezaba la misiva de Buch.
“Es en este ámbito en el que se suscribe la utilización del espacio público y la persecución de los hechos de violencia vinculada a la libertad de expresión que se puedan producir”, agregaba.
El ministro quiere dejar claro su derecho
En realidad, el Gabinete de Pedro Sánchez no quiere entrar abiertamente en el asunto de la retirada de los lazos amarillos y el conflicto suscitado, pero Marlaska considera que no puede consentir el contenido de la carta del conseller en la que se presupone que ni siquiera se puede hablar de temas de seguridad pública en una Junta de Seguridad.
El ministro no reclama para el Estado la competencia de seguridad ciudadana que tiene cedida la Generalitat, pero sí quiere dejar meridiano que no acepta que no se tenga derecho a hablar de este asunto en una reunión política.
La fricción está servida y toca ahora una gestión política que rebaje la tensión y no ponga en peligro la propia cita de la Junta de Seguridad.
El titular de Interior cierra la misiva dirigida al conseller pendiente “exclusivamente” de que se fije la fecha entre las que se propusieron, no dando opción, por tanto, a la exclusión del primer punto del orden del día propuesto.
Las cosas en su sitio. Mi apoyo incondicional a Grande-Marlaska.