El Gobierno estudia un incremento temporal de los impuestos a las grandes fortunas en España que comenzaría a aplicarse el 1 de enero de 2023.
Un gravamen enmarcado en las medidas especiales para amortiguar el impacto en los más vulnerables de la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania.
Entre ellas, ya está en tramitación el impuesto especial y transitorio a las grandes energéticas y la banca.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, no aclara, sin embargo, en qué consistirá la fórmula para ese gravamen a las grandes fortunas.
En ese sentido, la ministra se limitó a señalar en los pasillos del Congreso que “habrá que ver la fórmula. No todo puede ir en la Ley de Presupuestos”.
Esto es porque las Cuentas del Estado pueden incorporar modificaciones en las figuras tributarias que ya existen. En cambio, no crear un nuevo impuesto.
Así, apuntó que “al igual que ha ocurrido en los impuestos a energéticas y banca, trabajaremos en una fórmula temporal”.
Asimismo, matizó, “posteriormente, las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarlo”.
En todo caso, ha detallado que no afectará a más del 1% de los contribuyentes.
Respecto a su entrada en vigor, este incremento de impuestos a las grandes fortunas comenzaría a aplicarse el 1 de enero del próximo año.
“Por lo menos, estará fundamentalmente vinculado a la entrada en vigor el 1 de enero de todo lo que son las obligaciones fiscales”, dijo. Igualmente, según vaya la tramitación parlamentaria.
Por otro lado, Montero ha calificado como una “enorme irresponsabilidad” que Murcia siga los pasos de Andalucía y Madrid para suprimir el Impuesto sobre Patrimonio.
Asimismo, ha afeado que este “regalo fiscal” lo haga una Comunidad en los últimos puestos de inversión sanitaria o educativa.
A su juicio, es “duro de admitir en un momento de crisis en el que los ciudadanos lo están pasando tan mal”.
Es lo que hay, la carcunda mediática, como explica Susan Georte en Pensamiento Secuestrado, realiza, en lo local, un buen trabajo de adoctrinamiento que termina por imponer el relato que le interesa a la oligarquía económica que, precisamente, subvenciona sus publicaciones. Casi da la sensación, oyendo a todos esos medios y periodistas de “la reacción”, que resulta racional que los impuestos hay que bajárselos es a los que más extraen del sistema, y que en los momentos de dificultad es meritorio que se sea aprovechado, por unos cuantos, para expropiar, mediante el cambio de valor que es posible realizar por el sistema financiero preparado para el caso, a la mayoría social a través de los precios.
Se miente con bellaquería y se introducen, como explica aquella autora, marcos de confusión que hacen parecer que un país que ingresa menos impuestos que la media de la UE, pagua en exceso; que es posible aumentar los servicios y las prestaciones sociales pagando menos; y que la progresividad es un mecanismo de justicia fiscal obsoleto que debemos olvidar. Y cuando no triunfa el engaños se valen de la confusión recurriendo a aquello de que no son los más ricos los evaden sino que es cosa, simulando que es cosa de los menos agraciados, de la economía sumergida (como si las empresas pantalla, los testaferros y la evasión de capital, y el dinero en maletas del tipo a los Pujol, fuera cosa del fontanero de casa).
Estamos equivocados el problema no es lo que se hace sino el por qué no sabemos qué se hace, y como son esta caterva de desinformadores los que crean el caldo de cultivo en que fermenta la estafa y la expropiación que ellos se dedican a legitimar.
Malestar y angustia es lo que se siente al ver intoxicar la información que esta gente nos envía desde una investidura dignidad deontológica que pisotean en dicho gesto.