Una de las prioridades del Gobierno es lograr condonar partes de los ICO para evitar que las empresas viables se ahoguen por no poder reestructurar su deuda. Para ello pretende que la banca asuma una quita.
Con ese fin, el Ejecutivo, el Banco de España, las entidades financieras y la consultora Oliver Wyman trabajan intensamente. El foco está puesto en terminar un marco estándar para fijar el modo y el análisis de las empresas para que reciban ayudas directas o de otro tipo.
Dicho marco debe remitirse a la Dirección General de Competencia europea. Ésta aún tardará alrededor de un mes en el análisis del plan y dar una respuesta. Después, el Gobierno pondrá sobre la mesa del Consejo de Ministros un proyecto para que se apruebe como mucho en abril.
Lo primero es establecer cuál será el importe final de las ayudas directas y fijar un plan común para reestructurar la deuda de las compañías. Ahí también se incluirán las quitas.
Se analizará la deuda, el volumen de los créditos participativos, o la eliminación de ciertos gastos o créditos fiscales.
Oliver Wyman ya trabajó con las entidades financieras y el Ministerio de Economía para la ampliación de los créditos ICO de cinco a ocho años. También, para ampliar el periodo de carencia en un año más.
Según fuentes conocedoras, el montante final estará entre 20.000 millones y 30.000 millones de euros. Esto dependerá de si se incluyen nuevos fondos para la SEPI.
En un principio se calculó que la cifra no subiría de los 10.000 millones de euros. Sin embargo, el cálculo se modifica porque no se contó con la intensidad de la tercera ola de coronavirus.
Además, habrá que distinguir las ayudas directas por las que se inyectará liquidez, que saldrá del erario público, de las reestructuraciones de deuda.
Según Cinco Días, a Nadia Calviño, ministra de Economía, no le convence el sistema seguido por Alemania y cree que hay otros medios sin que suba la carga al Estado.
Ayudas compartidas y prorrateadas entre la banca y los créditos ICO
Por su lado, la banca muestra su disposición a asumir su parte de pérdidas al renegociar un crédito, hacer una quita o un préstamo participativo. “Pero estas ayudas deben ser compartidas, prorrateadas entre la deuda asumida por el banco y por el ICO”, señala una fuente financiera.
Además, “hay que analizar de cuánto será la quita, a qué empresas se les autorizará”. Asimismo, “cómo y cuándo podría devolver el Estado su parte de esta reestructuración del crédito”.
Y es que no todos los créditos ICO se pueden reestructurar. Primero porque, señalan, “eso sería un regalo y todas las empresas pedirían su recorte del préstamo”.
Segundo, porque “resultaría discriminatorio para aquellas pymes o autónomos que han sacrificado todo para poder hacerse cargo de los pagos de su deuda”, explican.
La cuestión es que el 40% de las empresas tiene problemas financieros. Por ello, el Gobierno tratará de reformar el marco legal para dar un impulso a las ayudas directas. El paso previo fue que la Comisión Europea revisara el marco comunitario de ayudas de Estado.
A 31 de enero de este año, los créditos avalados por el ICO suman un total de 118.354 millones de euros. Corresponden a 89.924 millones en avales por la garantía del Estado que cubre entre el 70% y el 80% de la financiación.
La línea ICO es de 100.000 millones y se han llevado a cabo 977.574 operaciones. De ellas, el 98% son de pymes y autónomos.