Una de las demandas de los sindicatos era precisamente impedir que hubiera despidos definitivos mediante ERE, aprovechando la situación. Los sindicatos denunciaban que se estaban produciendo despidos definitivos en vez de acogerse a las medidas ofrecidas por el Gobierno. Se estaban aplicando EREs y no los ERTEs.
En definitiva, se reclamaba del Ejecutivo que se adoptarán medidas como en Italia, donde se han prohibido rescisiones de contratos durante dos meses. El Consejo de Ministros extraordinario de hoy ha oído las peticiones y ha actuado en consecuencia, prohibiendo los despidos definitivos hasta que acabe la pandemia.
De hecho, se revisarán de oficio todos los expedientes de regulación temporal de empleo aprobados hasta el momento, miles. De este modo, se constatará si se han utilizado correctamente.
Por su lado, la Comunidad de Madrid, Andalucía y Región de Murcia, con gobiernos del PP, han pedido al Ministerio de Trabajo que baste con la declaración responsable de las empresas para aprobar los ERTEs presentados. Así, argumentan, podrán revisar a posteriori los expedientes y comprobar si son correctas las condiciones alegadas.
Actualmente, la Dirección General de Trabajo del Gobierno central y la autoridad laboral de cada Comunidad deben evaluar y autorizar los ERTEs. Además deben tomar una decisión en cinco días. Ante la avalancha de solicitudes, es tiempo imposible para revisar todos los expedientes.
Algunas epmpresas aprovechan la situación para despidos defintivos
De ahí que se esté autorizando mediante silencio administrativo. Para las autoridades laborales de cada región este sistema puede dar lugar a casos de fraude, y no se pueden revisar a posteriori.
Todo señala a que se flexibilizará el trámite, sin llegar a la declaración responsable de las empresas, pero es algo que rechazan los sindicatos. Lo que reclaman las patronales es un mayor automatismo.
A todo ello se suman los despidos individuales, sobre todo de contratados temporales y de obra y servicio. Por ello, los sindicatos reivindican que se tomen otras medidas, como vincular las ayudas a que la empresa no haya llevado a cabo despidos definitivos. También, que se aumenten las indemnizaciones a 45 días por año trabajado con el mínimo del SMI, además de otras.