A nadie le sonaría extraño que el Gobierno termine por indultar a los políticos presos del procés porque se lleva preparando el caldo de cultivo desde hace meses.
Llevan tres años y medio en la cárcel cumpliendo penas de entre nueve y 13 años de prisión por los delitos de sedición y malversación. Ahora, se acerca el momento de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tome una decisión.
La versión oficial de Moncloa es que la “decisión no está tomada”. En cambio, varias fuentes del Gobierno señalan que tanto el sector del PSOE como el de Unidas Podemos coinciden en la concesión de los indultos.
Apuntan a que no sería una forma de consolidar la mayoría parlamentaria que sostiene a la coalición que gobierna, que también. Sería un modo para tratar de salir del endiablado escenario político que supone el procés.
No hay que olvidar que, entre los políticos presos, ERC tiene a Oriol Junqueras, su líder. También Junts, con Jordi Sànchez, su secretario general, encarcelado. Ambos fueron piezas clave para la consecución de un Govern en Cataluña y seguir por la vía de la independencia.
Corresponde al presidente del Gobierno tomar la decisión final y varias fuentes piensan que los indultos llegarán en verano. De esa forma se evitaría, creen, generar mayor tensión política.
Una reforma del Código Penal beneficiaría a los presos del procés
Y es que no solo hay un consenso casi unánime en el Gabinete acerca de los indultos, sino también sobre la necesidad de reformar el Código Penal. La idea es reducir las penas por el delito de sedición, lo que beneficiaría a los presos del procés.
Todo está listo, con una reforma ya preparada bajo el liderazgo de Carmen Calvo, la vicepresidente primera, pero debe ser Sánchez quien dé la orden.
Cuando así suceda, los indultos quedarán en manos de Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, pero será Moncloa y el presidente quienes den la luz verde definitiva.
En breve, el Ejecutivo recibirá el expediente completo del Tribunal Supremo. Entretanto, cabe reseñar que la Fiscalía emitió un informe desfavorable a los indultos.
A su vez, la Abogacía del Estado se limitó a trasladar su informe diciendo que los presos del procés habían devuelto el dinero malversado en el referéndum del 1-O. No se pronunció sobre el fondo y la conveniencia o no de esa medida de gracia.
El informe del Supremo será desfavorable
El Supremo debe informar y hará constar que la mayoría de los condenados no han respondido acerca del indulto cuando se les preguntó. Sólo lo hizo Jordi Cuixart, quien no ha mostrado arrepentimiento alguno ni ha reconocido el delito.
Ninguno otro se pronunció porque aceptar el indulto sería aceptar el delito. La amnistía, que es lo que reclaman, no es posible por inconstitucional.
Por tanto, visto lo visto, lo previsible es que el informe del Alto Tribunal sea, como el de la Fiscalía, desfavorable.
Así las cosas, y ante esa posibilidad real, el Gobierno deberá afrontar si concede los indultos por motivos políticos. La otra opción es rechazarlos basándose en que no hay informe favorables ni del ministerio fiscal ni del tribunal sentenciador.