El Ejecutivo español está evaluando los efectos que tiene la decisión de Argelia de congelar las operaciones comerciales desde y hacia España.
Entre sus objetivos, ver si puede denunciar al país norteafricano ante la Unión Europea por incumplir el acuerdo entre Bruselas y Argel.
Así lo ha señalado este jueves José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Indicó que se están “analizando exactamente las implicaciones de esa medida, el alcance práctico, tanto a nivel nacional como europeo”.
Cuando se termine de esta evaluación, avanzó Albares, el Gobierno estará en disposición de dar “la respuesta adecuada”.
En todo caso, esa réplica será “serena y constructiva pero también firme en la defensa de los intereses de España y de las empresas españolas”.
Dicho esto, puesto que Argelia no es miembro de la Organización Mundial de Comercio, España no puede recurrir a este organismo.
Así las cosas, según sea el resultado, el Ejecutivo podría denunciar a Argelia ante la UE por incumplir el acuerdo de asociación vigente desde 2005.
De hecho, la denuncia podría ampararse en el Capítulo 1 del Título IV relativo a “pagos corrientes y circulación de capitales”.
Más concretamente en el artículo que estipula que “las partes se comprometen a autorizar, en una moneda libremente convertible, todos los pagos corrientes relativos a las transacciones corrientes”.
Además, el artículo 40 establece algunas excepciones. Sería el caso de que alguna de las partes corriera riesgos de enfrentarse a “graves dificultades en materia de balance de pagos”.
Entonces, la parte afectada puede “adoptar por una duración limitada medidas restrictivas sobre las transacciones corrientes”. Eso sí, existen límites.
En ese caso, la parte afectada tiene que “informar de ello inmediatamente a otra parte”. Además, establecer “lo más rápidamente posible un calendario de cara a la supresión de estas medidas” restrictivas.