Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Navarra y La Rioja son las Comunidades Autónomas más castigadas por la borrasca Filomena que se han declarado zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros de ayer. Se las declara zona catastrófica para “agilizar” las ayudas. María Jesús Montero, ministra portavoz del Gobierno, lo ha anunciado después de la reunión del Gabinete.
Además, informó de la situación de las infraestructuras de transporte. Señaló que en ninguna carretera de la red principal se necesitan cadenas, si bien hay 24 vías con cortes y restricciones en el resto de la red.
Respecto al transporte ferroviario, ya funcionan todos los trayectos de larga y media distancia y se ha conseguido reducir los retrasos en cuanto a la velocidad a unos diez minutos.
Por otra parte, AENA indica que ya funciona con normalidad el tráfico aéreo. En el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas se han operado ya “todos los vuelos programados por las aerolíneas”.
Filomena obliga a declarar ocho zonas catastróficas
Al declarar zonas catastróficas los territorios afectados por Filomena se pretende “agilizar el conjunto de los procedimientos para que lleguen pronto las ayudas”. Asimismo, “evitar cualquier demora a las condiciones de vida en buena parte del país”.
Con el fin de que no se paralice total o parcialmente parte de los servicios especiales conviene “no demorar” esta declaración, explicó Montero.
No obstante, no se puede incluir todavía una cuantificación precisa de los daños. En consecuencia, una vez que se tenga una estimación definitiva se aprobará un nuevo acuerdo de Real Decreto “con mayor concreción”. Este establecerá los límites del ámbito geográfico y se incluirán las medidas compensatorias.
Entre ellas, por daños en viviendas y enseres, desperfectos en negocios, establecimientos agrarios, ganaderos, mercantiles, marítimos-pesqueros o turísticos.
Asimismo, la declaración de zona gravemente afectada por emergencia de protección civil contempla ayudas a los Ayuntamientos por daños, con los límites que establece la ley. También, subvenciones del 50% para las corporaciones locales que se hayan visto obligadas a contratar servicios para recuperar la normalidad.