Aparcada su reforma durante ya más de cuatro años, la nueva Ley de Secretos Oficiales comenzará a negociarse en breve en el Congreso.
Ya hay anteproyecto, el que aprobó el pasado lunes el Consejo de Ministros y que ha provocado duras críticas desde todos los grupos parlamentarios. Incluso, desde Unidas Podemos, socio en el Ejecutivo.
La nueva Ley de Información Clasificada que sustituirá a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 se ha vuelto a retrasar. Debía haber estado lista en julio.
De hecho, así lo afirmó Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en su réplica a Aitor Esteban, portavoz parlamentario del PNV. Fue durante el Debate sobre el estado de la Nación.
Mayor control al CNI y reforma de la ley de secretos oficiales
La cuestión es que los plazos y las materias clasificables como secreto son los dos asuntos que ha suscitado mayor rechazo. También una figura de nueva creación.
Por eso, el ala socialista del Ejecutivo se ha apresurado a recordar que sólo se trata de un borrador.
De hecho, vienen lanzando mensajes insistiendo en la necesidad de que el texto de la Ley de Secretos convenza a la mayor parte del Hemiciclo. Sólo así, dicen, perdurará en el tiempo.
Cuatro clasificaciones en la Ley de Secretos
Así, el anteproyecto contempla cuatro clasificaciones y hasta ocho plazos distintos para la desclasificación en función del ‘rango’ del secreto.
Los documentos clasificados como alto secreto permanecerán, según el anteproyecto, sin desclasificarse 50 años, plazo prorrogable otros 15 años más.
Asimismo, aquellos considerados secretos, lo serán durante 40 años, a los que podrán añadir otros 10 más.
Igualmente, la información confidencial permanecerá sin revelarse entre siete y diez años y la restringida, entre cuatro y seis.
Así las cosas, el Gobierno se abre a negociar, incluso, los plazos y la naturaleza de los asuntos.
Además, se crea la figura de una autoridad que decidirá la desclasificación y que recae sobre el Ministerio de la Presidencia. Esto también ha levantado ampollas.
Por su lado, Margarita Robles, ministra de Defensa, ha recalcado en una entrevista con Europa Press que “es una ley absolutamente imprescindible. Estábamos con un texto de 1968, era una exigencia de la OTAN y además los ciudadanos tienen que conocer su propia historia”.
Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de avanzar en un texto que sustituya al vigente que procedía del franquismo.
No obstante, destacó que la ley debe ser compatible con la seguridad nacional, pero también con el derecho de los ciudadanos a “conocer su historia”.
De ahí que “lo más importante”, remarcó, es que se coseche “el máximo consenso parlamentario”.
“Estoy segura de que toda la andadura que le queda por hacer a este Anteproyecto de Ley se va a mejorar y en el Parlamento habrá todo tipo de enmiendas que contribuirán a mejorar”, reiteró.