Cinco años después de los Acuerdos de París, por primera vez en la historia de España se ha aprobado una ley de Cambio Climático. Se trata de cumplir con los objetivos internacionales y alcanzar la llamada ‘neutralidad climática’ antes de 2050.
La Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica contempla las medidas a adoptar en materia de energías renovables e impulso al coche eléctrico. A fin de cuentas, el objetivo directo es paliar el calentamiento global, estableciendo limitaciones a la venta de vehículos contaminantes.
Ha sido la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico quien ha dado luz verde a la nueva norma que también deberá pasar al Senado. PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos votaron a favor, sumando 22 votos. Se abstuvieron PP y Más País (10 en total) y votó en contra Vox (5).
Al tramitarse de urgencia, previsiblemente entrará en vigor el próximo mes de mayo.
Los dos años más importantes son 2030 y 2050. Para el primero se deberá haber reducido en un 23%, por lo menos, las emisiones de gases de efecto invernadero, respecto a las de 1990.
No obstante, ese objetivo se revisará al alza cada cierto tiempo. La primera revisión será en 2023, cuando se podrá subir el objetivo. De este modo se incluyen las solicitudes de los ecologistas, que pedían mayor ambición.
Asimismo, para 2030 se tratará de alcanzar una producción de electricidad renovable de, como mínimo, el 74%. En la actualidad, el porcentaje es del 43%.
Además, se deberá cumplir una penetración de energías renovables en el consumo final de un 42% o más, así como una eficiencia energética del 39,5%.
Impulso al coche eléctrico en la Ley de Cambio Climático
La Ley de Cambio Climático también busca la limitación del parque de vehículos contaminantes. Con ello se pretende lograr “un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas” en 2050.
Es decir, que los coches sean totalmente eléctricos o con tecnologías distintas a las de combustión. En consecuencia, se prohíbe la venta de vehículos no destinados a uso comercial que emitan CO2 a partir de 2040.
Por otro lado, la nueva legislación determina que “todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad sostenible”. En concreto, acciones equiparables a las zonas de baja emisión de grandes ciudades como Madrid o Barcelona.
Con el fin de favorecer la movilidad sostenible, se impulsará el transporte público, marcando a su vez objetivos del ferrocarril para distancias por encima de los 300 kilómetros.
El coche eléctrico también tendrá su impulso con medidas adicionales. Una de ellas es la obligación de que todo edificio no residencial con más de 20 plazas de aparcamiento deberá disponer de infraestructuras de recarga.
Además, las estaciones de servicio deberán contar con puntos de recarga eléctrica. Para todo ello habrá que invertir, se calcula, unos 44 millones de euros.
Con el fin de apoyar la recarga eléctrica se contará con un catálogo nacional de acceso público de puntos de recarga disponibles.
También se establecen objetivos respecto a los vehículos de combustibles alternativos. Se concreta en aquellos “biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico”.
Prohibido el fraking
Asimismo, cuando entre en vigor la Ley de Cambio Climático quedará prohibido el fraking. También, la técnica hidráulica contaminante del agua potable y la minería radiactiva, la del uranio, por ejemplo.
Por igual, se prohíbe abrir nuevos proyectos de extracción de hidrocarburos. Tampoco se concederán nuevas licencias ni se permitirá prorrogar los yacimientos más allá de 2042.
Por otro lado, antes de dos años el Gobierno habrá hecho un estudio acerca de la extracción, refinado o procesados de productos de origen fósil. También se analizará cómo reducir su presencia en las administraciones y empresas públicas.
Dentro de los planes que deberá hacer el Ejecutivo se encuentra el de adaptación al cambio climático, que tendrá que realizar cada cinco años. Se trata de un informe que aborde los diferentes riesgos y las vulnerabilidades en los sistemas naturales.
Pero no es el único informe o plan que contempla la norma. Así, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendrá que dar una respuesta a la reforma del sector eléctrico en el plazo de un año.
En ese escenario, el objetivo es lograr que en 2050 toda la generación eléctrica sea renovable. Antes, se deberá alcanzar el 74% para 2030. Con ese fin, se impulsarán las centrales hidroeléctricas reversibles.
También, los sistemas de abastecimiento urbanos y la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo. Para ello, se legislará una norma de Propiedad Horizontal con el fin de facilitar el autoconsumo en las comunidades de propietarios.